* Toluca avanzó una posición en el Índice de Competitividad Urbana 2026, pero permanece en el lugar 16 de 21 ciudades de más de un millón de habitantes, dentro del nivel de competitividad media baja……
Por Mireya Álvarez
El Estado de México enfrenta importantes desafíos para elevar su competitividad urbana* particularmente en Toluca, que apenas avanzó una posición en la clasificación nacional, al pasar del lugar 17 al 16 entre las ciudades con más de un millón de habitantes evaluadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
De acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026, Toluca permanece en el nivel de competitividad media baja, pese al ligero avance respecto de la medición anterior; en 2024 la capital mexiquense se ubicó en el lugar 17 de 20 ciudades de esta categoría.
El resultado coloca al Estado de México ante el reto de fortalecer las condiciones económicas, laborales, de infraestructura, seguridad y capacidad institucional que permiten a una ciudad generar, atraer y retener talento e inversión.
El ICU analiza 72 zonas metropolitanas, integradas por 372 municipios, mediante 35 indicadores agrupados en seis subíndices: Innovación y Economía, Infraestructura, Mercado de Trabajo, Sociedad y Medio Ambiente, Derecho y Sistema Político y Gobiernos. En conjunto, estas ciudades concentran entre 80 y 90 por ciento del PIB nacional y 62 por ciento de la población mexicana, por lo que su desempeño tiene un impacto directo en la economía del país.
El avance de Toluca en el ranking representa una mejoría marginal, pero no modifica su condición dentro de las ciudades de competitividad media baja. El diagnóstico del IMCO evidencia que la capital mexiquense necesita mejorar varios de los factores que determinan su capacidad para competir por inversión, talento y empleos de calidad.
El antecedente muestra que Toluca ocupó el sitio 17 en 2024, luego de ubicarse también en el lugar 17 en la edición 2023; ante ello, los datos de la edición anterior ya mostraban algunos de sus principales desafíos. En 2024, por ejemplo, Toluca registró apenas 2.4 por ciento de nuevas viviendas intraurbanas, colocándose en el lugar 65 de 66 ciudades en ese indicador; además, solamente 26.3 de los hogares contaban con computadora e internet y el uso de servicios financieros alcanzaba 1.7 tarjetas por adulto.
El reto para el Estado de México no se limita, sin embargo, a la posición de Toluca; el comportamiento de las ciudades mexicanas revela problemas estructurales que también condicionan el desarrollo de las entidades del centro del país.
El ICU 2026 advierte que el crecimiento económico promedio de las zonas metropolitanas disminuyó de 4.1 por ciento a 2.4 por ciento, lo que refleja una desaceleración considerable respecto de la edición anterior. El IMCO señala que esta pérdida de dinamismo representa uno de los principales obstáculos para la competitividad urbana.
A este problema se suman la inseguridad, la informalidad laboral y la percepción de corrupción. En las 72 ciudades analizadas, solamente 39.23 por ciento de la población se siente segura, mientras la tasa promedio de homicidios llega a 28.42 por cada 100 mil habitantes.
La percepción de corrupción también representa una barrera para las ciudades. El promedio nacional alcanza 82.65 por ciento, lo que significa que más de ocho de cada 10 habitantes perciben que las prácticas corruptas son frecuentes.
El IMCO identifica como una de las principales diferencias entre las ciudades más y menos competitivas la calidad de sus mercados laborales.
Las ciudades que han logrado mejores resultados combinan una elevada participación en el empleo formal, mayor productividad por hora trabajada y presencia de grandes empresas capaces de integrarse a cadenas productivas nacionales y globales.
El contraste es evidente; Saltillo registra apenas 25.55 por ciento de informalidad y una productividad de 583.63 pesos por hora, mientras Cuernavaca alcanza 57.74 por ciento de informalidad y 238.94 pesos por hora trabajada. En términos generales, el IMCO estima que 54 por ciento de los trabajadores de las ciudades mexicanas se encuentra en la informalidad.
Esta situación representa un desafío para las ciudades del centro del país, donde la informalidad puede convertirse en un círculo que limita el acceso al crédito, la tecnología, las exportaciones y la seguridad social.
El organismo también advierte que las ciudades capaces de atraer talento requieren entornos seguros, con tasas de homicidio moderadas y una percepción de seguridad superior al promedio.
Mérida representa el caso más favorable, con 3.15 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras Acapulco registra 95.73. En el caso de Culiacán, el deterioro de la seguridad provocó que descendiera del lugar 11 al 19 en la clasificación de su grupo.
Otro elemento determinante es la capacidad financiera de los gobiernos municipales. Querétaro, por ejemplo, obtiene 61.88 por ciento de sus ingresos de fuentes propias, lo que le proporciona mayor margen de acción para invertir y atender necesidades locales.
Para las ciudades mexiquenses, el desafío consiste en fortalecer sus capacidades institucionales y fiscales, además de mejorar la planeación urbana y la prestación de servicios.
Frente a estos problemas, el IMCO propone tres prioridades de política pública: diversificación económica, formalización laboral y fortalecimiento de la fiscalidad local; en materia económica plantea crear un Fondo de Diversificación Productiva para atraer inversiones hacia nuevos sectores y medir los resultados mediante empleos formales creados e inversión efectivamente captada.
Para reducir la informalidad propone modificar gradualmente el esquema de cuotas al IMSS, con menores costos de incorporación para micro y pequeñas empresas.
Finalmente, recomienda modernizar los catastros municipales mediante imágenes satelitales e inteligencia artificial y vincular las transferencias federales con mejoras verificables en la recaudación predial.
El diagnóstico coloca al Estado de México ante una agenda que va más allá de mejorar posiciones en un ranking: se trata de generar condiciones para que la inversión encuentre certidumbre, los trabajadores tengan acceso a empleos formales y productivos, las ciudades sean más seguras y los gobiernos locales cuenten con recursos y capacidad para responder a las necesidades de la población.
El propio IMCO advierte que cada punto de informalidad que no disminuye, cada homicidio que no se previene y cada catastro que permanece desactualizado tiene un costo económico concreto; menos inversión, menos empleos formales, menores servicios y, finalmente, menor crecimiento.
