* La presión ciudadana aumenta mientras avanzan las investigaciones sobre el manejo de recursos públicos, la exigencia ya no se limita a conocer los resultados, ahora también demandan condiciones que garanticen un proceso libre de cualquier sospecha de influencia política……
Por Mary González
La exigencia para que la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, solicite licencia temporal al cargo dejó de ser una petición aislada para convertirse en un reclamo que refleja el creciente desgaste de la confianza ciudadana hacia las instituciones municipales, el pronunciamiento realizado por el Colectivo Tenancinguense no constituye una sentencia anticipada ni sustituye el trabajo de las autoridades fiscalizadoras, pero sí coloca sobre la mesa una discusión que durante años ha acompañado numerosos casos de presuntas irregularidades en el servicio público, cómo garantizar investigaciones imparciales cuando quienes son objeto de revisión continúan ejerciendo el poder político y administrativo.
El planteamiento surge en un momento particularmente sensible, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México anunció que en los próximos días presentará las primeras determinaciones relacionadas con las investigaciones sobre el manejo de recursos públicos del Ayuntamiento de Tenancingo, por ello, distintos sectores sociales consideran que la mejor forma de fortalecer la credibilidad del proceso consiste en eliminar cualquier elemento que pueda generar dudas sobre la independencia de las indagatorias.
Más allá de la responsabilidad administrativa o legal que eventualmente pudiera acreditarse, el verdadero problema es la percepción pública, porque en materia de combate a la corrupción la confianza constituye un activo tan importante como las propias resoluciones jurídicas, cuando los ciudadanos consideran que existe la posibilidad de influir sobre una investigación, el daño institucional comienza incluso antes de que exista una resolución definitiva.
Transparencia que no puede quedarse en discurso
Durante años, prácticamente todos los gobiernos municipales han construido su narrativa alrededor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, sin embargo, cuando aparecen investigaciones relacionadas con el manejo del dinero público, esos principios suelen enfrentarse a una prueba que pocas administraciones logran superar con plena credibilidad.
El caso de Tenancingo ocurre precisamente en ese escenario, la ciudadanía ya no se conforma con comunicados institucionales ni con llamados a esperar los resultados, exige señales concretas de compromiso con la legalidad, una separación temporal del cargo no implica reconocer responsabilidad ni constituye una sanción anticipada, representa una medida que en numerosos casos ha servido para proteger tanto la investigación como la propia imagen del servidor público involucrado.
El argumento de que una licencia enviaría un mensaje de debilidad pierde fuerza frente a la necesidad de preservar la confianza pública, por el contrario, permitir que las investigaciones avancen sin cuestionamientos sobre posibles presiones políticas fortalecería tanto a las instituciones fiscalizadoras como al propio gobierno municipal, siempre que finalmente se acreditara la inexistencia de irregularidades.
El costo de prolongar la incertidumbre
La historia reciente del país demuestra que muchos casos relacionados con auditorías terminan prolongándose durante meses o incluso años, mientras tanto, la incertidumbre erosiona la credibilidad institucional y mantiene dividida a la sociedad entre quienes defienden a los funcionarios investigados y quienes consideran insuficientes las acciones de las autoridades.
En Tenancingo ese desgaste ya comenzó, la expectativa por conocer las primeras conclusiones del OSFEM ha incrementado la presión pública y también las exigencias para que cualquier posible irregularidad sea investigada hasta sus últimas consecuencias, sin privilegios, sin excepciones y sin protección política.
El llamado del Colectivo Tenan-cinguense también incorpora una demanda que trasciende el caso particular de la alcaldesa, la exigencia de investigar cualquier posible intento de intervención institucional o política durante el desarrollo de las auditorías, una petición que refleja el nivel de desconfianza acumulado hacia los mecanismos de fiscalización cuando se trata de revisar el ejercicio del poder.
La comunidad migrante, representada dentro del propio colectivo ciudadano, ha reiterado que mantiene un vínculo permanente con el municipio y observa con atención el desarrollo de las investigaciones, lo que demuestra que el impacto del caso rebasa las fronteras locales y alcanza a miles de tenancinguenses que siguen participando en la vida pública desde el extranjero.
Ahora la responsabilidad recae en las instituciones encargadas de fiscalizar y resolver el caso, porque la sociedad no sólo espera conocer si existieron o no irregularidades, también quiere comprobar que las investigaciones fueron realizadas con absoluta independencia, sin interferencias y con plena transparencia, cualquier resolución que deje espacio para la duda difícilmente contribuirá a recuperar la confianza ciudadana, una confianza que en Tenancingo parece haberse agotado mucho antes de que concluyan las investigaciones.
