* Durante 2025, las autoridades mexiquenses recibieron decenas de miles de reportes relacionados con extorsiones y fraudes, mientras persisten interrogantes sobre las investigaciones, detenciones, sentencias y protección efectiva de las víctimas……
Por Karina Rocha
La extorsión se ha convertido en una amenaza permanente para comerciantes, empresarios, transportistas y familias del Estado de México, donde las propias cifras gubernamentales exhiben la magnitud de un problema que no puede resolverse únicamente con campañas preventivas, números telefónicos de denuncia y operativos cuyos resultados judiciales permanecen insuficientemente transparentados.
Durante 2025, el área especializada de la Secretaría de Seguridad estatal recibió 39 mil 067 reportes relacionados con extorsión y fraude telefónico, de los cuales 18 mil 060 correspondieron a extorsión telefónica, 9 mil 886 a fraude telefónico, 570 a extorsión electrónica, 468 a cobro de piso y 145 a extorsión directa.
Pero existe otra cifra igualmente preocupante: el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) registró 72 mil 103 denuncias anónimas durante el mismo año, incluyendo 26 mil 187 por extorsión telefónica y 3 mil 877 por extorsión electrónica.
Los registros corresponden a sistemas distintos y no deben sumarse como si representaran víctimas diferentes, pero evidencian la enorme cantidad de alertas que reciben las instituciones de seguridad.
La pregunta resulta inevitable: ¿cuántas de estas denuncias terminaron en investigaciones formales, órdenes de aprehensión, detenciones y sentencias condenatorias?.
Porque recibir llamadas no equivale a combatir eficazmente el delito, mucho menos a garantizar justicia.
Toluca y Ecatepec, entre los principales focos de alerta
El mapa difundido por la Secretaría de Seguridad coloca a Toluca con 4 mil 061 incidencias reportadas, seguida de Ecatepec con 3 mil 886, Naucalpan con 2 mil 404, Nezahual cóyotl con mil 831 y Cuautitlán Izcalli con mil 617.
Estas cantidades aparecen en el registro institucional sin una delimitación temporal suficientemente clara, circunstancia que impide presentarlas automáticamente como cifras exclusivas de 2026.
Sin embargo, su distribución territorial permite identificar municipios donde la concentración de reportes demanda explicaciones y estrategias específicas.
Resulta especialmente preocupante que Toluca, sede de los poderes estatales y de las principales instituciones de seguridad, figure encabezando esta relación, mientras Ecatepec continúa apareciendo entre los territorios con mayores alertas.
La situación obliga a cuestionar si las autoridades municipales cuentan con diagnósticos actualizados, personal especializado y mecanismos efectivos para proteger a establecimientos comerciales, mercados, transportistas y pequeños negocios.
A ello se agrega un problema difícil de dimensionar: las víctimas que nunca denuncian por temor a represalias, desconfianza institucional o posibles vínculos entre delincuentes y servidores públicos.
Por tanto, las cifras oficiales no necesariamente reflejan la totalidad de las extorsiones cometidas.
Miles de reportes, pero falta conocer cuántos terminan en prisión
La estrategia gubernamental presenta una contradicción que exige atención: mientras se publican estadísticas de atención ciudadana, resulta mucho menos sencillo identificar cuántos responsables de extorsión fueron efectivamente castigados.
La Secretaría de Seguridad distingue modalidades telefónicas, electrónicas, presenciales y cobros de piso, pero los reportes preventivos no equivalen a carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Tampoco una detención representa automáticamente una sentencia, ni todos los expedientes judicializados concluyen con una condena.
Precisamente por ello, el fiscal José Luis Cervantes Martínez debería transparentar cuántas investigaciones por extorsión se iniciaron durante 2025 y 2026, cuántas fueron judicializadas, cuántos imputados quedaron vinculados a proceso y cuántas sentencias condenatorias se obtuvieron.
También resulta indispensable conocer los municipios donde se concentra el cobro de piso, las actividades económicas más afectadas y los recursos destinados a proteger a quienes se atreven a denunciar.
La Operación Enjambre ha permitido obtener sentencias contra funcionarios y otros objetivos vinculados con diversos delitos graves, pero utilizar sus resultados globales para presumir el combate específico contra la extorsión sería estadísticamente engañoso.
Se necesita información desagregada que permita evaluar resultados reales y no solamente acumular cifras espectaculares.
El miedo también destruye la economía
La extorsión no solamente representa una amenaza económica, sino también un mecanismo de control territorial capaz de provocar cierres de negocios, pérdida de empleos y desplazamiento de actividades productivas.
Cada comerciante obligado a pagar por trabajar enfrenta una doble afectación: entregar parte de sus ingresos a delincuentes y comprobar que las instituciones no siempre consiguen protegerlo.
En ese contexto, la responsabilidad alcanza a las autoridades municipales, a la Secretaría de Seguridad estatal y a la Fiscalía, obligadas a coordinar prevención, inteligencia, investigación y protección de víctimas.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez tiene frente a sí un problema cuya solución exige algo más que reuniones de seguridad y comunicados sobre detenciones.
El gobierno debe demostrar cuántas redes criminales han sido desarticuladas, cuánto dinero producto de extorsiones fue recuperado y cuántas víctimas pueden continuar sus actividades sin amenazas.
Porque mientras los delincuentes sigan cobrando por permitir trabajar, la autoridad tendrá pendiente una obligación fundamental.
Y mientras miles denuncian, pero no conocen resultados verificables, la verdadera pregunta seguirá siendo la misma: ¿quién protege a los mexiquenses de quienes han convertido el miedo en negocio?.