Por Karina Rocha
El Estado tiene el derecho y la obligación de cobrar impuestos, combatir la evasión fiscal y sancionar a quienes incumplen la ley, na-die puede cuestionar esa facultad cuando se ejerce con estricto apego al marco jurídico, sin embargo, esa legitimidad comienza a erosionarse cuando un número creciente de empresarios, comerciantes y profesionistas perciben que las auditorías, requerimientos, créditos fiscales dejan de responder a criterios eminentemente técnicos para convertirse en una maquinaria de presión que genera incertidumbre, temor e incluso desconfianza hacia las propias instituciones.
El problema no radica en que la autoridad fiscalice, el problema aparece cuando la fiscalización se percibe como excesiva, selectiva o desproporcionada, cuando las revisiones parecen multiplicarse sin una explicación pública suficiente, cuando los procedimientos se prolongan indefinidamente y cuando el costo de de-fenderse resulta, para muchos contribuyentes, casi tan devastador como una eventual sanción.
El miedo nunca debe ser política pública
Una autoridad hacendaria fuerte no necesita sembrar incertidumbre para recaudar, necesita credibilidad, reglas claras y absoluto respeto al debido proceso.
Cuando empresarios afirman sentirse intimidados por procedimientos ad-ministrativos complejos, por determinaciones fiscales que consideran difíciles de comprender o por revisiones que afectan la operación cotidiana de sus negocios, el gobierno tiene la obligación de responder con transparencia y no únicamente con la aplicación mecánica de sus facultades legales.
La confianza no se impone mediante oficios, auditorías o créditos fiscales, se construye demostrando que cada actuación tiene un sustento objetivo, verificable y plenamente ajustado a derecho.
Si esa percepción de incertidumbre continúa creciendo, el daño no recaerá únicamente sobre quienes son objeto de revisión, también alcanzará a quienes hoy analizan invertir, am pliar sus empresas o generar nuevos empleos.
La incertidumbre golpea la economía
Ningún inversionista decide expandir un negocio en un entorno donde considera que las reglas pueden interpretarse de manera impredecible y la economía necesita estabilidad, no temor; necesita autoridades firmes contra la evasión, pero igualmente prudentes para distinguir entre quienes deliberadamente incumplen la ley y quienes realizan actividades productivas legítimas.
Cuando la percepción empresarial comienza a deteriorarse, el efecto termina reflejándose en menores inversiones, menor crecimiento económico y menos oportunidades laborales y el costo termina pagándolo toda la sociedad.
Un momento políticamente sensible
Indudablemente, la cercanía del proceso electoral de 2027 provoca que muchas decisiones gubernamentales sean observadas bajo una óptica política, en ese contexto, resulta ine vitable que algunos sectores se pregunten si el endurecimiento de la fiscalización responde exclusivamente a criterios recaudatorios o si existen otros factores que expliquen la intensidad con la que se están desarrollando determinadas acciones y esa pregunta, por sí misma, debería preocupar a cualquier gobierno.
No porque constituya una prueba de actuación indebida, sino porque evidencia un problema de confianza pública, por lo que corresponde a las autoridades disipar esas dudas me diante información verificable, transparencia y rendición de cuentas, no mediante descalificaciones o silencio institucional.
La autoridad también debe rendir cuentas
El poder tributario constituye una de las herramientas más fuertes que posee cualquier Estado, por esa razón debe ejercerse con enorme responsabilidad, toda vez que una auditoría puede comprometer la viabilidad de una empresa y un crédito fiscal puede afectar empleos, por lo que una actuación administrativa in-suficientemente explicada puede deteriorar la confianza de todo un sector económico.
Por ello, el éxito de una política fiscal no debe medirse únicamente por el monto recaudado, sino también por la certeza jurídica que ofrece a quienes cumplen con la ley, recordando que, ¡en un Estado democrático!, recaudar nunca debe significar intimidar, amenazar.
La fortaleza institucional no se de+-muestra incrementando el número de auditorías o elevando la presión ad-ministrativa, sino garantizando que cada actuación sea objetiva, proporcional, plenamente fundada y absolutamente transparente porque cuando los contribuyentes comienzan a perder la confianza en la imparcialidad de la autoridad fiscal, el verdadero daño ya no es solamente económico, también es institucional, y reconstruir esa confianza puede tomar muchos años.
La presión política sí influye
Hoy por hoy, el Gobierno del Estado de México, “presionado” por el Gobierno Federal para recaudar fondos (para la manutención de programas sociales), se han dado a la tarea de fabricar créditos fiscales a su arbitrio o, en su caso, revivir antiguos casos, olvidados, prescritos y caducados para presionar a contribuyentes que, incluso, podrían ya no existir, en un afán de recuperar “algo” de lo que, ésta administración supone, se ha perdido, sin embargo, esta actuación terrorista del Gobierno de Delfina Gómez, lo único que está logrando, es “espantar al contribuyente”, sin importar de qué tamaño sea, construyendo con ello un ambiente de desconfianza que, indiscutiblemente, terminará por eliminar un voto a favor del partido gobernante, de aquellos que, seguramente, “mantenían como cautivos” para meros intereses políticos.
Sí así es como el Gobierno del Estado de México pretende “mantener votos a favor” para el 2027, está ca-vando su propia tumba parta el 2030, porque el ciudadano o, mejor dicho, el contribuyente común y corriente, lo que más ha perdido, es la confianza en las instancias fiscales y en las autoridades y eso, se verá reflejado en las urnas.
