* El Congreso local debió aprobar las leyes secundarias el pasado 2 de febrero para concluir la armonización de la reforma en materia de transparencia……
Por Martha Romero
La reforma constitucional que ordenó la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) nació con la promesa de reorganizar el sistema de transparencia y reducir estructuras administrativas, sin embargo, nueve meses después de publicada y seis meses después de vencer el plazo legal para expedir las leyes secundarias, la realidad es muy distinta, el Congreso del Estado de México mantiene congelada la armonización legislativa, el organismo continúa operando con normalidad y el nuevo modelo simplemente no existe.
El retraso dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un problema político y jurídico, porque la propia reforma estableció que la desaparición del INFOEM dependería de la entrada en vigor de las leyes secundarias, es decir, mientras la Legislatura no haga su trabajo, todo permanece igual, los comisionados siguen en funciones, la estructura administrativa continúa vigente y el presupuesto destinado al organismo sigue ejerciéndose.
La paradoja resulta evidente, el Congreso aprobó una reforma para extinguir un organismo, pero el mismo Congreso ha impedido que esa decisión pueda ejecutarse.
Un Congreso que incumple sus propios plazos
El Decreto 198, publicado el 4 de noviembre de 2025, otorgó 90 días naturales para emitir la legislación secundaria, el plazo concluyó el 2 de febrero de 2026 y desde entonces la LXII Legislatura acumula medio año de incumplimiento constitucional.
No se trata únicamente de un retraso administrativo, sino del incumplimiento de una obligación legal impuesta por el propio Poder Legislativo.
Mientras los diputados exigen a municipios, organismos públicos y ciudadanos respetar los plazos establecidos por la ley, el propio Congreso incumple los que él mismo fijó, sin que exista consecuencia alguna para los responsables.
La falta de armonización también mantiene incertidumbre sobre el futuro institucional del derecho de acceso a la información en el Estado de México, porque nadie conoce con precisión cuál será la autoridad que asumirá las funciones del INFOEM, cómo se garantizará la protección de datos personales, qué ocurrirá con los expedientes en trámite y cuáles serán los mecanismos para resolver recursos de revisión.
El costo de la inmovilidad
Cada día que transcurre sin aprobar las leyes secundarias implica mantener funcionando una estructura que constitucionalmente debía encontrarse en proceso de desaparición.
Más allá del debate sobre los salarios de los comisionados, el verdadero costo recae en toda la operación institucional, personal administrativo, infraestructura, gasto corriente, servicios generales, tecnologías de información y presupuesto destinado a un organismo cuyo futuro ya fue definido por la Constitución, pero cuya extinción permanece detenida por razones exclusivamente legislativas.
La situación también envía un mensaje contradictorio a la ciudadanía, por un lado se habla de austeridad, eficiencia administrativa y racionalización del gasto, mientras por el otro se prolonga el funcionamiento de instituciones cuya desaparición ya fue aprobada.
Si el objetivo era reducir estructuras burocráticas y reasignar recursos hacia áreas prioritarias como seguridad, salud, agua potable, infraestructura o servicios municipales, el retraso legislativo ha provocado exactamente el efecto contrario.
La transparencia no puede quedar en el limbo
La desaparición del INAI a nivel federal modificó por completo el modelo nacional de transparencia y obligó a las entidades federativas a construir nuevos esquemas institucionales.
Mientras trece estados ya concluyeron ese proceso, otras entidades avanzan con distintos niveles de cumplimiento, pero el Estado de México continúa rezagado pese a ser la entidad con mayor población del país y una de las que administran mayores presupuestos públicos.
El problema ya no consiste únicamente en extinguir al INFOEM, sino en garantizar que el nuevo modelo no represente un retroceso para el derecho ciudadano de acceder a la información pública.
Especialistas han advertido que cualquier transición debe preservar la autonomía técnica de las resoluciones, fortalecer los mecanismos de protección de datos personales y evitar que las nuevas autoridades respondan exclusivamente a intereses políticos o gubernamentales.
Sin reglas claras, el riesgo consiste en sustituir una institución autónoma por estructuras con menor capacidad de vigilancia y mayor dependencia del Poder Ejecutivo.
Una reforma atrapada por la política
La demora también refleja las dificultades del Congreso para construir acuerdos incluso cuando existe un mandato constitucional de por medio.
Resulta difícil justificar seis meses de retraso cuando el plazo legal era perfectamente conocido desde la aprobación de la reforma y cuando las modificaciones federales ya habían definido buena parte del nuevo esquema institucional.
Los ciudadanos difícilmente entenderán que un Congreso capaz de aprobar reformas constitucionales no pueda concluir las leyes que permiten hacerlas realidad.
La transparencia exige instituciones eficaces, pero también legisladores que cumplan con los tiempos que ellos mismos establecen.
Mientras las leyes secundarias permanezcan detenidas, el Estado de México seguirá operando con un modelo que constitucionalmente ya fue sustituido, un organismo cuya desaparición fue decretada, pero no ejecutada y una reforma que existe en el papel, aunque continúa ausente en la práctica.
La mayor contradicción es que una reforma diseñada para fortalecer la certeza jurídica hoy produce exactamente lo contrario, incertidumbre institucional, gasto prolongado y una de mostración de que el principal obstáculo para cumplir la ley puede encontrarse, precisamente, dentro del propio Congreso encargado de aprobarla.
