* OSFEM y ASF anuncian auditorías coordinadas para vigilar el gasto de los 125 municipios mexiquenses, mientras persisten dudas sobre la capacidad de convertir las observaciones en sanciones y recuperar recursos públicos……
Por Mary González
La fiscalización del gasto público municipal vuelve a colocarse en el centro del debate en el Estado de México con el convenio de coordinación entre el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo propósito es revisar de manera conjunta la aplicación de los recursos que ejercen los 125 ayuntamientos, sin embargo, el principal desafío no será realizar más auditorías, sino demostrar que estas derivarán en responsabilidades, sanciones y recuperación efectiva de recursos cuando existan irregularidades.
Cada año los municipios administran alrededor de 70 mil millones de pesos provenientes de participaciones federales, aportaciones del Ramo 33, fondos estatales y recursos propios, recursos destinados a financiar servicios públicos, infraestructura, seguridad, agua potable y obra comunitaria, pero durante años han persistido observaciones relacionadas con obras inconclusas, documentación insuficiente, pagos sin comprobar, adjudicaciones cuestionables y deficiencias administrativas, problemas que se repiten sin importar el partido que gobierne.
Más auditorías, menos impunidad
El convenio entre el OSFEM y la ASF plantea un modelo de fiscalización coordinada para revisar simultáneamente recursos estatales y federales, compartir información, homologar criterios técnicos y evitar duplicidad de revisiones, una estrategia que permitirá integrar expedientes más sólidos y detectar con mayor rapidez posibles irregularidades.
No obstante, el problema histórico de la fiscalización en México no ha sido la falta de auditorías, sino la incapacidad para traducir los hallazgos en consecuencias concretas, cada año se acumulan observaciones, recomendaciones y promociones de responsabilidad que permanecen abiertas durante largos periodos, mientras cambian las administraciones municipales y muchos expedientes terminan diluidos entre procedimientos burocráticos y recursos legales.
La transparencia debe reflejar resultados
Como parte del convenio también se anunció una plataforma nacional que concentrará información sobre contrataciones, adquisiciones, nóminas y ejercicio del gasto de los tres niveles de gobierno, además de un canal de denuncias ciudadanas mediante WhatsApp, herramientas que podrían fortalecer la transparencia siempre que la información sea clara, accesible y genere investigaciones con resultados visibles.
En numerosos municipios continúan los reclamos por pavimentaciones de mala calidad, drenajes deficientes, alumbrado insuficiente, parques abandonados y contratos cuya ejecución pocas veces puede ser seguida por la ciudadanía, aun cuando los recursos ya fueron ejercidos.
La coordinación entre el OSFEM y la ASF puede convertirse en uno de los esfuerzos más importantes para vigilar el gasto municipal, pero su éxito no deberá medirse por el número de auditorías practicadas, sino por indicadores concretos como recursos recuperados, observaciones solventadas, responsabilidades acreditadas, denuncias penales, sanciones impuestas y mejoras reales en los servicios públicos, porque cada peso desviado representa una obra que no se concluyó, una calle sin pavimentar, una patrulla que nunca llegó o un servicio que dejó de prestarse a la población.
