* La disputa por La Luna y La Fortuna revela autorizaciones otorgadas en diferentes momentos, cientos de nuevas viviendas, presión sobre agua, vialidades y una cadena administrativa que ahora vecinos exigen transparentar completamente……
Por Efraín Morales Moreno
El conflicto inmobiliario de Lomas Verdes dejó de ser solamente una protesta contra dos nuevos desarrollos y comenzó a convertirse en una revisión de años de decisiones urbanísticas en Naucalpan, mientras el gobierno de Isaac Montoya sostiene que los proyectos conocidos como “La Luna” y “La Fortuna” fueron autorizados durante la administración anterior de Angélica Moya Marín, documentos y antecedentes públicos muestran una historia más larga, con permisos y modificaciones que atraviesan distintos gobiernos municipales y obligan a precisar quién autorizó cada etapa y bajo qué condiciones.
Los permisos cuentan una historia más larga
El punto más delicado aparece alrededor de La Fortuna, porque mientras el Ayuntamiento atribuyó las autorizaciones del proyecto a la pasada administración panista, documentación difundida públicamente ubica una licencia de uso de suelo para los predios de Faisán 155 y 157 con fecha del 17 de agosto de 2021, cuando Naucalpan era gobernado por Patricia Durán Reveles, de Morena, ese antecedente no significa necesariamente que esa licencia equivalga a todas las autorizaciones requeridas para construir el desarrollo actual, pero sí demuestra que el expediente debe revisarse con mayor precisión.
El propio gobierno de Naucalpan había reconocido que diversos desarrollos inmobiliarios de la zona arrastran antecedentes de diferentes años, licencias de uso de suelo, permisos de construcción, prórrogas, modificaciones, suspensiones y constancias parciales de terminación, además informó que durante 2024 ingresaron 56 expedientes relacionados con desarrollos y 54 correspondieron a obra nueva, mientras durante 2025 se solicitaron 41 suspensiones.
676 viviendas en Luna Residencial
Uno de los expedientes que permite conocer dimensiones concretas es Luna Residencial, el Gobierno del Estado de México autorizó en enero de 2024 un conjunto urbano mixto, habitacional, comercial y de servicios, sobre una superficie de 61 mil 177.78 metros cuadrados en San Mateo Nopala, el proyecto contempla 676 viviendas y más de 3 mil 462 metros cuadrados destinados a comercio y servicios, dimensiones que incrementarán las necesidades de movilidad, agua, drenaje y equipamiento.
El Ayuntamiento también ha señalado que Luna Residencial cuenta con antecedentes de licencias municipales de 2023 y 2024 correspondientes a cuatro torres, de las cuales solamente una permanecía activa mientras las demás habían sido suspendidas voluntariamente, además mantenía pendientes más de 12 mil metros cuadrados de área de donación y más de 20 millones de pesos relacionados con obligaciones de equipamiento urbano.
Agua y vialidades, principales preocupaciones
La protesta del lunes paralizó durante aproximadamente cuatro horas avenida Lomas Verdes, habitantes de la primera sección reclamaron respuestas sobre el impacto de nuevos desarrollos en una vialidad que recibe tránsito procedente de la autopista Chamapa-Lechería y conecta hacia Periférico Norte, incluso plantearon que el acceso a los nuevos proyectos debería realizarse por San Mateo Nopala y no por Paseo Quetzal.
La preocupación tampoco termina en el tránsito, residentes aseguran que enfrentan suministro irregular de agua y baja presión, por ello exigen conocer cuál será la fuente de abastecimiento de los nuevos desarrollos y cuestionan la capacidad del drenaje, energía eléctrica y servicios públicos para absorber cientos de nuevas viviendas.
El propio municipio reconoce presión urbana
El Acuerdo por la Regeneración de Naucalpan identifica al Distrito San Mateo, donde se encuentran predios como La Fortuna y La Luna, como una zona sometida a fuerte presión inmobiliaria, el diagnóstico reconoce que el crecimiento habitacional y comercial ha incrementado la carga sobre infraestructura vial, servicios públicos y entorno ambiental, además admite déficits en movilidad, infraestructura básica, espacio público y equipamiento social.
Ese reconocimiento vuelve indispensable conocer qué estudios de impacto acompañaron las autorizaciones, porque cada nueva vivienda debe analizarse no solamente desde la legalidad de una licencia, sino desde la capacidad real del territorio para proporcionar agua, movilidad, drenaje y servicios suficientes.
No basta culpar al gobierno anterior
La administración de Isaac Montoya no puede ser responsabilizada automáticamente por licencias que no otorgó, pero tampoco resulta suficiente trasladar toda la responsabilidad hacia Angélica Moya si existen antecedentes administrativos que se remontan a 2021, el expediente completo deberá establecer qué autorizó Patricia Durán, qué autorizó Angélica Moya, qué permisos estatales fueron entregados durante 2024 y qué actos administrativos ocurrieron después.
La discusión de fondo no debería reducirse a un intercambio de culpas entre Morena y PAN, sino a transparentar licencias, cambios de uso de suelo, dictámenes de impacto urbano, factibilidades hidráulicas, estudios de movilidad, obligaciones de equipamiento, áreas de donación y empresas responsables.
El verdadero problema de Lomas Verdes es determinar si durante años diferentes gobiernos permitieron crecimiento inmobiliario sin garantizar que la infraestructura avanzara al mismo ritmo, esa es la explicación que hoy reclaman los vecinos, antes de que cientos de nuevas viviendas se conviertan en miles de habitantes compitiendo por la misma agua, las mismas vialidades y servicios que desde ahora muestran señales de saturación.
