* El Congreso mexiquense busca reforzar la obligación de los 125 ayuntamientos de mantener actualizados sus instrumentos de prevención, mientras permanece sin aclararse cuántos municipios cuentan con información vigente sobre inundaciones, deslaves y otras amenazas……
Por Mireya Álvarez
Ante los riesgos que representan las inundaciones, deslaves, hundimientos y asentamientos humanos en zonas peligrosas, el Congreso del Estado de México busca fortalecer las obligaciones de los 125 ayuntamientos para elaborar y actualizar sus atlas municipales de riesgos, instrumentos indispensables para prevenir desastres y proteger a la población.
Las comisiones legislativas aprobaron el 28 de octubre una propuesta presentada por el diputado Valentín Martínez Castillo, encaminada a reforzar la responsabilidad de las administraciones municipales en la identificación de amenazas naturales y situaciones que puedan comprometer la integridad de miles de familias mexiquenses.
La iniciativa coloca nuevamente bajo revisión la capacidad preventiva de los gobiernos locales, particularmente porque todavía no se cuenta con un diagnóstico público suficientemente detallado que permita establecer cuántos municipios mantienen sus atlas actualizados y cuáles operan con información desfasada.
Estos instrumentos deben identificar zonas susceptibles de inundaciones, deslizamientos de tierra, hundimientos, afectaciones geológicas y otros fenómenos que puedan representar riesgos para viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura pública.
Prevención municipal, bajo cuestionamiento
Uno de los principales desafíos consiste en determinar si los ayuntamientos utilizan efectivamente sus atlas para autorizar desarrollos inmobiliarios, modificar usos de suelo y definir acciones preventivas, o si permanecen como documentos administrativos sin aplicación suficiente.
La actualización resulta especialmente importante en municipios con crecimiento urbano acelerado, donde la expansión de asentamientos humanos puede incrementar la exposición de comunidades a fenómenos naturales.
Aunque todavía no existe una cifra verificada de ayuntamientos incumplidos, el Congreso deberá exigir información precisa sobre la antigüedad de los documentos, las evaluaciones técnicas realizadas y los recursos destinados a su actualización.
También será necesario establecer mecanismos de supervisión que permitan identificar omisiones y garantizar que la información territorial se traduzca en decisiones preventivas.
La discusión adquiere relevancia porque un atlas desactualizado puede limitar la identificación oportuna de amenazas y dificultar la planeación de obras y servicios.
Más allá de nuevas disposiciones legales, los gobiernos municipales deberán demostrar que cuentan con información confiable y capacidad para utilizarla.
La prevención de desastres exige responsabilidades verificables, no solamente documentos aprobados que permanezcan archivados mientras las comunidades continúan expuestas a riesgos.
