* Las investigaciones sobre cobros ilegales a verificentros exhiben un problema que podría ser mucho mayor, mientras nuevos señalamientos sobre presuntas redes ambientales llegaron hasta Palacio Nacional……
Por Karina Rocha
Lo que comenzó como una investigación contra funcionarios acusados de extorsionar a propietarios de verificentros amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en el Estado de México, porque los elementos conocidos hasta ahora no describen únicamente posibles conductas individuales, sino un mecanismo aparentemente organizado que habría utilizado facultades gubernamentales, inspecciones, clausuras, sistemas electrónicos y autorizaciones administrativas para presionar económicamente a empresarios.
El asunto volvió este martes a Palacio Nacional, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde fueron expuestos nuevos señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción y extorsión dentro de estructuras ambientales mexiquenses, la mandataria pidió a propietarios de verificentros, gasolineras y otros empresarios afectados presentar denuncias formales y entregar las pruebas disponibles para que las fiscalías investiguen y no exista encubrimiento.
El llamado presidencial resulta relevante, pero también incómodo para el gobierno mexiquense, porque confirma que el problema ya rebasó las oficinas estatales y alcanzó dimensión nacional, mientras las investigaciones abiertas obligan a responder una pregunta elemental, ¿cómo pudo operar durante tanto tiempo una estructura de semejante tamaño sin que los mecanismos internos de vigilancia detectaran lo que estaba ocurriendo?
Millones bajo amenaza
La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México apunta a que desde finales de 2023 propietarios de centros de verificación fueron sometidos presuntamente a exigencias económicas para conservar sus operaciones, inicialmente se habrían solicitado hasta 200 mil pesos mensuales por establecimiento, aunque algunas cuotas terminaron negociándose entre 30 mil y 100 mil pesos dependiendo de la capacidad y número de vehículos atendidos.
El mecanismo de presión resulta particularmente grave porque quienes presuntamente cobraban tenían también capacidad para afectar directamente el funcionamiento de los negocios, las investigaciones señalan que podían restringirse hologramas o desactivarse sistemas indispensables para continuar verificando vehículos, convirtiendo herramientas creadas para garantizar el cumplimiento ambiental en potenciales instrumentos de sometimiento.
Para 2026, las exigencias habrían escalado hasta solicitar 500 mil pesos por cada línea de verificación relacionada con las revalidaciones, considerando que existen 878 líneas activas distribuidas entre 163 verificentros, la dimensión económica potencial del esquema resulta extraordinaria, independientemente de las cuotas mensuales que presuntamente fueron exigidas anteriormente.
Los recursos, según las indagatorias, habrían sido entregados en efectivo en distintos puntos, mientras algunas víctimas habrían enfrentado amenazas, bloqueos administrativos e incluso presiones relacionadas con la continuidad de sus operaciones.
Raúl “N”, quien se desempeñaba como director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, fueron detenidos y posteriormente vinculados a proceso, uno por extorsión agravada y otro por abuso de autoridad, ambos deberán ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.
El problema no termina con dos detenidos
Pero reducir semejante entramado a dos funcionarios sería demasiado cómodo.
La investigación ha señalado la posible participación de servidores públicos, exservidores públicos y particulares, por ello las detenciones deberían representar apenas el principio de una investigación destinada a determinar quiénes participaban, quiénes recibían dinero, quiénes facilitaban decisiones administrativas y, principalmente, quiénes conocían lo que estaba ocurriendo.
Más delicado todavía es que existen antecedentes de denuncias sobre presuntas irregularidades, abusos de autoridad y extorsiones relacionadas con inspecciones y clausuras ambientales, empresarios habían señalado anteriormente prácticas semejantes, sin que aquellas acusaciones aparentemente produjeran un saneamiento capaz de impedir que nuevamente aparecieran señalamientos de esta naturaleza.
Ahora surgen versiones sobre otra presunta estructura relacionada con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, PROPAEM, acusaciones que todavía deberán ser acreditadas ministerialmente y sobre las cuales Claudia Sheinbaum evitó prejuzgar, pero pidió expresamente que las víctimas acudan ante las fiscalías para entregar pruebas y permitir que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.
La diferencia es fundamental, una cosa es combatir la corrupción después de que explota públicamente y otra construir controles capaces de impedir que funcionarios conviertan una dependencia en instrumento para obtener beneficios particulares.
Por eso el gobierno estatal enfrenta ahora una prueba que va mucho más allá de encarcelar a dos servidores públicos, necesita esclarecer hasta dónde llegó la presunta red, transparentar responsabilidades administrativas y políticas, revisar las áreas desde donde podían bloquearse sistemas o condicionarse autorizaciones y explicar por qué las alertas no fueron detectadas oportunamente.
Porque si las investigaciones confirman que desde oficinas encargadas de proteger el medio ambiente se utilizaron facultades públicas para cobrar millones bajo amenaza, el problema ya no será solamente de corrupción, será también una grave falla institucional.
