La escasez de agua que actualmente atraviesa la Ciudad de México no debe ser utilizada con fines electorales para condicionar el abasto del líquido a cambio de votos, manifestó Ernesto Alarcón, coordinador del PRI en el Congreso local.
En un Punto de Acuerdo que presentó al Pleno, el priista advirtió que las campañas en la capital transcurrirán en medio de un creciente desabasto de agua en la metrópoli, la cual ha generado protestas de la población afectada y el descontento con las autoridades.
“No podemos permitir que haya una distribución de agua asociada a una clientela político-electoral; por ello, se debe vigilar que los partidos políticos y candidatos no hagan uso político del tema en cuestión”, aseveró.
Alarcón llamó a los titulares del Sistema de Aguas local (Sacmex), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a estar alerta y vigilar que no se condicione el abasto a la población con fines electorales.
Asimismo, exhortó a la consejera presidenta del IECM, a que tome medidas de vigilancia y motive campañas de difusión para la ciudadanía en materia de delitos electorales, a fin de evitar el condicionamiento de agua rumbo a los comicios en las 16 alcaldías.
Conminó a las fiscalías local, así como al titular de la Especializada en Delitos Electorales capitalina para que, en coordinación con el IECM, investiguen y busquen alternativas adicionales para informar a quien es víctima o testigo de un delito por el condicionamiento del suministro del líquido como coacción del voto en favor de algún candidato o partido.
Recordó que la escasez tiene que ver con el cambio climático, la deforestación y la ausencia de lluvias, la sobreexplotación del acuífero subterráneo, la inmensa cantidad de fugas y una infraestructura deficiente.
En este sentido, mencionó que, según la UNAM, cada segundo en la urbe se pierden 12 mil litros de agua, equivalentes a 865 albercas olímpicas que cada día son tiradas por el desagüe, sin que “nadie haga nada”.
El Punto de Acuerdo se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Gestión Integral del Agua, y a la de Administración y Procuración de Justicia.
