* La diputada Araceli Casasola Salazar plantea realizar foros en las 19 regiones del Estado de México para incorporar demandas ciudadanas al gasto público y transparentar la distribución de recursos……
Ante la necesidad de garantizar una distribución más transparente y equitativa de los recursos públicos, la diputada Araceli Casasola Salazar, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa para incorporar la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto estatal, mediante consultas anuales en las 19 regiones de planeación del Estado de México, con el propósito de conocer directamente las necesidades de cada comunidad y establecer prioridades de inversión.
La propuesta busca abrir espacios de diálogo entre habitantes, autoridades y representantes populares, permitiendo que las demandas relacionadas con infraestructura, seguridad, salud, educación, agua potable y servicios públicos sean consideradas durante la integración del presupuesto, particularmente ante las diferencias existentes entre municipios que enfrentan carencias económicas y sociales.
Uno de los aspectos centrales consiste en establecer mecanismos de consulta regional que permitan identificar proyectos prioritarios y conocer cómo se distribuyen los recursos estatales, además de publicar informes sobre las solicitudes ciudadanas recibidas y los montos presupuestales asignados.
La iniciativa también plantea interrogantes sobre los criterios que actualmente determinan las inversiones gubernamentales, especialmente cuando existen comunidades que demandan obras y servicios mientras otras concentran proyectos de mayor presupuesto.
Casasola Salazar propone que las consultas se realicen cada año, ofreciendo a la población la posibilidad de expresar sus necesidades antes de que las autoridades definan las prioridades económicas del siguiente ejercicio fiscal.
Sin embargo, el desafío será garantizar que estos encuentros no se conviertan únicamente en ejercicios de participación simbólica, sin consecuencias reales sobre la asignación del dinero público.
Para ello resultará indispensable establecer mecanismos de seguimiento, indicadores de cumplimiento y explicaciones públicas cuando determinados proyectos ciudadanos no sean incorporados al presupuesto.
También deberá aclararse cómo se integrarán las propuestas regionales y qué instituciones serán responsables de evaluar su viabilidad técnica y financiera.
La transparencia presupuestal no debe limitarse a informar cuánto dinero se distribuye, sino explicar por qué se asigna a determinadas regiones y qué beneficios concretos reciben sus habitantes, particularmente en una entidad donde persisten importantes desigualdades territoriales.
