Por Mireya Álvarez
La presunta comercialización ilegal de información correspondiente a una década de registros de las líneas de emergencia 911 y denuncia anónima 089 del Estado de México volvió a encender las alertas en materia de ciberseguridad, luego de que el especialista Ignacio Gómez Villaseñor denunciara que los datos nuevamente están siendo ofrecidos en espacios utilizados por ciberdelincuentes.
A través de su cuenta en la red social X, el experto sostuvo que la filtración no sólo persiste, sino que la base de datos fue puesta otra vez a la venta, pese a que en abril pasado el gobierno estatal encabezado por la gobernadora Delfina Gómez aseguró que no existía una vulneración de los sistemas.
Gómez Villaseñor recordó que, tras las declaraciones oficiales, realizó verificaciones por su cuenta para corroborar la autenticidad de la información expuesta, lo que, confirmó que los registros comprometidos eran reales; ante ello, consideró preocupante que el caso no haya derivado en una respuesta proporcional a la magnitud del riesgo ni en mayores consecuencias para los responsables.
De acuerdo con la advertencia del especialista, el vendedor de la información intenta justificar la difusión de la base de datos argumentando que podría servir para estudios relacionados con seguridad pública, análisis territoriales o planeación urbana, no obstante, subrayó que el verdadero peligro radica en el uso del contenido con fines delictivos.
Explicó que la filtración podría facilitar esquemas de fraude, extorsión y represalias contra ciudadanos que recurrieron a los números de emergencia para denunciar hechos ilícitos. La información comprometida incluiría registros acumulados durante los últimos diez años y con actualizaciones que alcanzarían hasta 2026.
Entre los datos presuntamente expuestos se encontrarían domicilios, números telefónicos y otros elementos de identificación de quienes realizaron reportes al 911 o denuncias anónimas al 089, lo que abriría la posibilidad de que personas señaladas en esas llamadas conozcan la identidad de quienes las denunciaron.
El especialista advirtió que la exposición de esta información representa un riesgo directo para la seguridad e integridad de las víctimas y denunciantes, al comprometer la confidencialidad que debe garantizar este tipo de mecanismos de atención ciudadana.
La nueva denuncia revive la controversia sobre la protección de las bases de datos gubernamentales y la necesidad de fortalecer las medidas de ciberseguridad para evitar que información sensible de la población sea utilizada por organizaciones criminales o redes dedicadas a la extorsión y otros delitos.
