* Congreso adelanta elección de 2027 y elimina reelección inmediata……
Por Martha Romero
El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad una reforma constitucional en materia electoral que modificará de manera significativa la organización de las elecciones locales y el funcionamiento político de la entidad rumbo al proceso de 2027, una decisión que, aunque presentada como armonización con la legislación federal, también refleja cómo la disputa política ya comenzó a reconfigurar las reglas del juego electoral mexiquense.
Con esta reforma, el proceso electoral estatal dejara de iniciar en enero y arrancará desde los primeros quince días de septiembre del año previo a la elección, lo que significa que el proceso de 2027 comenzará formalmente desde septiembre de 2026, adelantando tres meses el calendario político y administrativo del Estado de México.
La aprobación ocurrió en medio de un escenario donde las fuerzas políticas ya se encuentran inmersas en movimientos internos, reacomodos y posicionamientos anticipados rumbo a una elección considerada una de las más importantes de los últimos años, debido a que estarán en juego alcaldías, diputaciones locales y, por primera vez, la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial mexiquense.
IEEM tendrá más tiempo y más presión
El presidente de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático del Congreso local, Edgar Samuel Ríos Moreno, señaló que el adelanto del proceso busca ampliar el margen operativo del IEEM y armonizar la legislación local con la reforma federal.
Sin embargo, el cambio también significa que el clima electoral se instalará antes en la entidad, aumentando la presión política sobre autoridades electorales, partidos y gobiernos municipales, que deberán convivir durante más tiempo con campañas anticipadas, disputas internas y tensiones partidistas.
La medida también confirma que la elección de 2027 será especialmente compleja para el aparato electoral mexiquense, pues además de organizar los comicios tradicionales, el IEEM tendrá que adaptarse a nuevas disposiciones legales, revisar estructuras administrativas y preparar la inédita elección judicial local.
La reforma obliga tanto al IEEM como al Tribunal Electoral estatal a adecuar su normatividad y estructura administrativa en un plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, un reto operativo que llega además en medio de presiones presupuestales y debates sobre austeridad institucional.
Fin de la reelección y restricciones por nepotismo
Otro de los cambios más relevantes aprobados por el Congreso mexiquense es la eliminación de la reelección inmediata para diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, aunque la medida entrará en vigor hasta el proceso electoral de 2030, siguiendo la temporalidad definida a nivel federal.
Con ello, se pone fin a una figura que durante años fue defendida bajo el argumento de fortalecer la profesionalización política y la continuidad administrativa, pero que también fue criticada por convertirse en herramienta de grupos políticos para perpetuar estructuras de control territorial.
La reforma incorpora además restricciones relacionadas con nepotismo electoral, estableciendo que no podrán acceder a candidaturas personas con vínculos familiares directos con servidores públicos, considerando parentesco por consanguinidad hasta cuarto grado y afinidad hasta segundo grado.
Aunque la medida fue presentada como un intento de frenar la herencia de cargos y el control familiar del poder político, también fue cuestionada debido a que su aplicación quedó aplazada hasta 2030, permitiendo que las elecciones de 2027 todavía se desarrollen bajo esquemas donde múltiples grupos políticos mantienen influencia familiar y redes de poder consolidadas.
Municipios tendrán menos síndicos y regidores
La reforma también modifica la integración de los ayuntamientos mexiquenses, reduciendo a una sola sindicatura la composición de los cabildos y redefiniendo el número de regidurías con base en el tamaño poblacional de cada municipio.
De acuerdo con el decreto, los municipios con menos de 150 mil habitantes tendrán hasta siete regidurías, aquellos con hasta 500 mil habitantes contarán con nueve espacios y los municipios que superen esa cifra podrán tener hasta doce regidurías.
El argumento oficial apunta a una simplificación administrativa y reducción del gasto público, sin embargo, críticos advierten que la disminución de espacios podría afectar la representación política y limitar la pluralidad dentro de los cabildos, especialmente en municipios donde históricamente las fuerzas minoritarias han encontrado en las regidurías un espacio de participación.
Crimen organizado quedó fuera del debate
Uno de los momentos más polémicos de la discusión ocurrió cuando la bancada de Movimiento Ciudadano, a través de la diputada Ruth Salinas Reyes, propuso impedir candidaturas de personas vinculadas con el crimen organizado.
La propuesta fue rechazada por mayoría de votos bajo el argumento de que el Congreso estatal no puede legislar sobre temas que no estén previamente contemplados en la Constitución federal.
Aunque jurídicamente la explicación fue respaldada por legisladores de la comisión, políticamente el rechazo dejó un mensaje incómodo en una entidad donde la infiltración criminal, la violencia política y los señalamientos sobre financiamiento ilícito continúan siendo temas sensibles.
Una elección que ya comenzó
Más allá de los argumentos técnicos y jurídicos, la reforma deja claro que el proceso electoral de 2027 ya comenzó políticamente en el Estado de México.
La armonización con el llamado “Plan B” federal no solo modifica fechas y reglas administrativas, también redefine tiempos de operación política, acelera estrategias partidistas y obliga a todos los actores a entrar antes en una dinámica electoral permanente.
Mientras los partidos hablan de modernización y ajuste institucional, en el fondo también se disputa el control del futuro político mexiquense, en una entidad donde cada reforma electoral termina convertida en un campo de batalla por el poder.
