Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, tiene una iniciativa para anular las elecciones por intervención extranjera, tanto por gobiernos como por individuos que pretendan influir en los comicios del país.
La propuesta implica modificaciones al artículo 41 constitucional, así como cambios a la Ley de Medios de Impugnación y otras disposiciones secundarias en materia de organización electoral.
El diputado morenista detalló en su iniciativa en materia electoral que al introducir la causal de intervención extranjera al sistema de nulidades por violaciones graves, dolosas y determinantes, bajo el estándar de acreditación objetiva y material previsto en el propio artículo 41.
De esta manera, el Tribunal Electoral contaría con una base constitucional expresa para valorar, caso por caso, si la injerencia externa afectó de forma determinante la equidad de la contienda, la libertad del sufragio o la autenticidad de los resultados.
“Exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”, destacó la reforma de Ricardo Monreal.
Asimismo, la reforma señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido de este Decreto, antes del 5 de junio de 2026.
El Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el decreto, esto en caso de avalarse la reforma.
En la exposición de motivos, Ricardo Monreal retomó la experiencia internacional, como el caso de Rumanía en el 2024; expuso que el Tribunal Constitucional de dicho país anuló la primera vuelta de la elección presidencial tras detectarse una operación coordinada de injerencia extranjera vinculada a Rusia.
Las autoridades rumanas y servicios de inteligencia señalaron campañas masivas de desinformación digital, financiamiento opaco y manipulación en redes sociales destinadas a favorecer a determinados candidatos y alterar el comportamiento electoral. El caso generó una crisis política importante porque la anulación ocurrió después de haberse validado inicialmente los resultados preliminares.
