La salida de Citlalli Hernández Mora de la Secretaría de las Mujeres encendió alertas en medio de una crisis feminicida que no cede, así lo advirtió María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien señaló que el relevo ocurre en un momento crítico donde los pendientes superan por mucho los avances.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se registraron al menos 721 feminicidios en México, sin embargo, la cifra real podría ascender a miles si se consideraran todas las muertes violentas de mujeres que no son investigadas bajo este delito, lo que evidencia fallas estructurales tanto en la prevención como en la procuración de justicia.
Estrada Mendoza subrayó que la gestión dejó temas clave inconclusos, entre ellos el fortalecimiento del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y la construcción de una ley general en materia de feminicidio, además de la falta de actualización del reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pendiente desde hace más de tres años.
Indicó que si bien se impulsaron acciones como los Centros Libres, estas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema, ya que la violencia contra las mujeres no puede enfrentarse con medidas aisladas o simbólicas, sino con políticas integrales, sostenidas y evaluables.
La especialista advirtió que la Secretaría de las Mujeres fue concebida como un eje articulador para homologar criterios de prevención, sin embargo, los resultados han sido limitados y los pendientes significativos, lo que refleja una debilidad institucional en un momento donde se requieren decisiones firmes.
Actualmente existen 26 declaratorias de Alerta de Violencia de Género activas en el país, lo que confirma que la violencia feminicida sigue siendo una deuda histórica del Estado mexicano, por lo que resulta preocupante que mecanismos clave pierdan fuerza o queden relegados.
Ante este panorama, Estrada Mendoza insistió en que quien asuma la titularidad debe contar con experiencia técnica, conocimiento en políticas públicas de igualdad y compromiso con los derechos humanos, para evitar improvisaciones que agraven la crisis
Finalmente, advirtió que México no puede seguir normalizando la violencia contra las mujeres, pues se requiere continuidad, responsabilidad y acciones contundentes, ya que la vida y seguridad de miles de mujeres dependen de decisiones que no admiten retrasos ni omisiones.
