* La medida deberá cumplirse antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027 y busca garantizar una educación basada en los derechos humanos y la cultura de paz……
La Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyó que antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027 no opere ninguna institución educativa que se ostente como escuela militarizada en el Estado de México, disposición que forma parte de una estrategia nacional para eliminar este tipo de planteles en las 32 entidades del país.
La dependencia federal solicitó a las autoridades educativas estatales realizar una revisión exhaustiva de todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados a instituciones que promuevan o hagan referencia a la instrucción militar, con el objetivo de verificar su situación jurídica y, en su caso, proceder a su suspensión y clausura definitiva.
La determinación se da tras la muerte de una adolescente durante un campamento organizado por una academia militarizada en Tamaulipas, hecho que motivó la revisión de este modelo educativo y de las prácticas disciplinarias que se desarrollan en este tipo de instituciones.
La SEP señaló que la Nueva Escuela Mexicana privilegia una formación humanista, centrada en el respeto a los derechos humanos, la resolución pacífica de conflictos y el interés superior de niñas, niños y adolescentes, por lo que cualquier práctica que fomente la violencia o la disciplina basada en castigos resulta incompatible con el modelo educativo nacional.
La dependencia precisó que la restricción no aplica para los planteles pertenecientes a las Fuerzas Armadas, los cuales continuarán operando conforme a la normatividad correspondiente.
Asimismo, estableció que las escuelas que sean clausuradas deberán entregar a los estudiantes toda su documentación académica, incluidos certificados, constancias y expedientes, para facilitar su incorporación a otras instituciones educativas.
De igual forma, los planteles estarán obligados a reintegrar a madres, padres o tutores los pagos correspondientes a servicios educativos que no lleguen a prestarse, como reinscripciones, uniformes, útiles escolares u otros conceptos pendientes, garantizando así la continuidad de los estudios de los alumnos afectados.
