* Empresarios y ciudadanos cuestionan que, después del aumento al pasaje y de reiterados anuncios de modernización, sigan circulando unidades que arrojan humo visible, presentan malas condiciones físicas y mantienen pendiente una renovación que los usuarios ya comenzaron a pagar desde octubre de 2025……
Por Mary González
El transporte público del Estado de México vuelve a quedar bajo cuestionamiento, esta vez no sólo por el costo del pasaje, la inseguridad, las unidades deterioradas o los largos tiempos de traslado, sino por una realidad que diariamente respiran miles de usuarios y automovilistas, autobuses, microbuses y camionetas que continúan circulando mientras expulsan densas columnas de humo, una imagen que resulta difícil conciliar con el discurso gubernamental de modernización, sustentabilidad y electromovilidad, sobre todo después de que la tarifa mínima aumentó de 12 a 14 pesos desde octubre de 2025 con el argumento de mejorar la calidad, seguridad, eficiencia y viabilidad del servicio.
La Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, encabezada por Raúl Chaparro Romero, lanzó ahora un nuevo señalamiento, a casi tres años del actual gobierno estatal todavía existen unidades en condiciones mecánicas deficientes, algunas sin placas visibles y otras expulsando cantidades de humo que evidencian fallas en los mecanismos de supervisión, el reclamo no es menor, porque apunta directamente a la distancia entre las reglas existentes y lo que realmente ocurre en calles y avenidas.
El usuario pagó más, pero el cambio sigue sin llegar
Cuando la Secretaría de Movilidad autorizó el incremento tarifario de 17 por ciento, los concesionarios asumieron compromisos que incluían mantener las unidades en condiciones adecuadas, avanzar en su renovación y cumplir con revisiones físico-mecánicas, incluso representantes del sector aseguraron públicamente que los usuarios comenzarían a percibir mejoras tanto en el Valle de México como en el Valle de Toluca, once meses después, el señalamiento empresarial abre una pregunta inevitable, ¿dónde están esos cambios en todas las rutas donde todavía circulan vehículos deteriorados y ostensiblemente contaminantes?.
El problema resulta todavía más grave porque la normativa ya obliga a autobuses, combis, microbuses y taxis del servicio público a cumplir con la verificación vehicular conforme a la terminación de sus placas o permisos provisionales, es decir, no existe un vacío absoluto de reglas, existen mecanismos para revisar emisiones, existe un programa para reducir contaminantes y existe la obligación de cumplir con controles ambientales, lo que merece revisión es la eficacia real de la vigilancia cuando cualquier ciudadano puede encontrarse detrás de una unidad que deja una nube negra en plena circulación.
Ahí está el centro del cuestionamiento, tener normas no equivale a hacerlas cumplir, publicar programas tampoco significa resolver el problema, si unidades ostensiblemente deterioradas continúan prestando servicio todos los días, la autoridad debe explicar cuántas han sido revisadas, cuántas rechazadas por emisiones, cuántas retiradas de circulación, cuántas sancionadas y cuántas realmente sustituidas.
Electromovilidad para unos, humo para miles
El Gobierno estatal presume avances en electromovilidad, expansión de sistemas eléctricos, infraestructura nueva y proyectos de transporte masivo, medidas que representan una ruta necesaria para reducir emisiones, pero la modernización pierde impacto cuando una gran parte de la movilidad cotidiana continúa dependiendo del transporte concesionado tradicional, precisamente el segmento donde persisten unidades antiguas, mantenimiento deficiente y controles cuya eficacia hoy está siendo cuestionada.
La contradicción se vuelve todavía más evidente en una entidad integrada a una zona metropolitana que durante 2026 ha vuelto a enfrentar contingencias ambientales por ozono, una situación que obliga periódicamente a establecer restricciones y recomendaciones para reducir la exposición y la generación de contaminantes.
No puede atribuirse la contaminación del Valle de México exclusivamente al transporte público, intervienen vehículos particulares, industria, condiciones meteorológicas y múltiples fuentes regionales, pero esa complejidad tampoco puede convertirse en excusa para tolerar unidades que visiblemente operan con problemas de combustión.
La vigilancia, la gran pregunta
ASECEM también cuestionó que agentes de tránsito dediquen atención a placas o motocicletas mientras autobuses que arrojan humo continúan circulando, esa crítica coloca sobre la mesa un problema básico, para qué sirve un sistema de regulación si las irregularidades más visibles parecen convivir cotidianamente con la autoridad.
El Estado de México ya cuenta con herramientas para verificar emisiones, revisar condiciones físico-mecánicas, ordenar renovaciones y sancionar incumplimientos, por eso la respuesta no debería ser anunciar otro programa, sino transparentar resultados.
Después del aumento de tarifa, el usuario tiene derecho a exigir algo más que promesas, unidades seguras, limpias, verificadas y mecánicamente aptas, porque si el pasajero ya paga más mientras continúa subiéndose a autobuses deteriorados y respirando su humo, entonces la modernización existe todavía más en el discurso que en la calle.