* El gobierno mexiquense llega a la mitad del sexenio con una narrativa centrada en inversión social, obra pública y seguridad, pero inundaciones, empleo, hospitales, movilidad y violencia mantienen abierta la discusión sobre cuánto de lo anunciado se ha traducido realmente en resultados……
Por Mireya Álvarez
A dos días de que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez presente su Tercer Informe de Gobierno, el Estado de México entra a la mitad del sexenio entre cifras millonarias, anuncios de obra y una realidad que obliga a mirar más allá del discurso oficial, la administración presume alrededor de 2 mil 500 proyectos de infraestructura y una inversión cercana a 20 mil millones de pesos, pero el verdadero balance no debería construirse únicamente contabilizando obras anunciadas, contratos firmados o presupuestos ejercidos, sino preguntando cuántas están terminadas, cuántas funcionan, cuáles siguen inconclusas y qué problemas cotidianos lograron resolver.
El desafío es particularmente importante en una entidad con más de 17 millones de habitantes, enormes desigualdades regionales y necesidades metropolitanas acumuladas durante décadas, porque una inversión puede ser históricamente elevada y al mismo tiempo resultar insuficiente frente a la dimensión del rezago, por ello, el Tercer Informe tendría que ofrecer información que permita distinguir entre obra terminada, obra contratada, proyecto en ejecución y simple anuncio, además de transparentar qué municipios concentran los recursos y cuáles siguen esperando infraestructura básica.
Dos mil 500 proyectos, pero falta conocer su estado real
Presentar 2 mil 500 proyectos de obra pública permite construir una narrativa de actividad gubernamental, pero la cantidad por sí misma dice poco sobre el impacto, habría que conocer cuántos corresponden a carreteras, hospitales, escuelas, agua potable, drenaje, movilidad y mantenimiento urbano, cuánto costó cada uno, cuál es su avance físico y financiero y cuántos comenzaron durante administraciones anteriores.
El problema se vuelve evidente cuando se observa lo ocurrido con las lluvias de septiembre, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y otras zonas metropolitanas enfrentaron nuevamente inundaciones severas, vialidades anegadas, transporte suspendido y daños a viviendas, incluso el Circuito Exterior Mexiquense y la Línea 2 del Mexibús registraron afectaciones, episodios que muestran que el gasto público en infraestructura hidráulica todavía no consigue eliminar puntos críticos que se repiten año tras año.
La gravedad de esa vulnerabilidad quedó expuesta el 7 de septiembre, cuando seis pasajeros de una unidad de transporte murieron después de quedar atrapados en una inundación en Tultitlán, mientras distintos municipios del Valle de México registraban vialidades bajo el agua, un hecho que obliga a revisar no solamente cuánto se ha invertido, sino dónde se invirtió, qué obras preventivas existen y por qué determinados corredores continúan colapsando durante lluvias intensas.
Empleo: las cifras también exigen explicación
El gobierno estatal también llegará al informe con un mercado laboral que requiere lectura cuidadosa, mientras a nivel nacional el empleo formal alcanzó en julio máximos históricos para ese mes, en el Estado de México se registró una reducción de casi 19 mil puestos formales durante julio, la Secretaría de Desarrollo Econó mico atribuyó parte de esa caída a ajustes administrativos y cambios registrales, explicación que debe considerarse, pero que también exige claridad sobre cuántos empleos desaparecieron efectivamente y cuántos simplemente fueron reclasificados.
Un informe de mitad de sexenio tendría que ir más allá de presumir inversiones y oportunidades, debería mostrar cuántos empleos nuevos se generaron realmente, qué porcentaje ofrece salarios suficientes, dónde están localizados y qué sectores económicos están absorbiendo trabajadores, porque para una familia mexiquense la recuperación económica no se mide en discursos empresariales sino en estabilidad laboral e ingreso disponible.
Seguridad, salud y movilidad siguen bajo presión
La seguridad representa otro contraste inevitable, el gobierno ha difundido reducciones acumuladas en algunos delitos y presume miles de millones de pesos invertidos, sin embargo, las últimas semanas han mostrado episodios de violencia que obligan a evitar cualquier lectura triunfalista, el reto gubernamental consiste en demostrar que patrullas, tecnología, centros de mando y operativos están produciendo resultados sostenibles y no únicamente cifras útiles para una presentación institucional.
En salud ocurre algo parecido, hospitales y pacientes han denunciado durante los últimos meses carencias de medicamentos, insumos, equipos y servicios especializados, mientras en movilidad siguen pendientes problemas estructurales del oriente mexiquense, saturación, inundaciones, obras inconclusas y sistemas de transporte que no siempre avanzan al ritmo del crecimiento poblacional.
El informe debe medir resultados, no anuncios
A mitad del sexenio el debate ya no puede limitarse a cuánto dinero se anunció, el gobierno de Delfina Gómez tiene frente a sí la obligación de demostrar qué cambió realmente durante tres años, cuántas comunidades dejaron de inundarse, cuántos hospitales mejoraron, cuántos empleos se consolidaron, cuántas vialidades dejaron de colapsar y qué obras funcionan actualmente.
Los 20 mil millones de pesos y los 2 mil 500 proyectos pueden representar un esfuerzo importante, pero sin información detallada sobre avance, ubicación, costo y resultados existe el riesgo de convertir las cifras en una vitrina difícil de auditar, el Tercer Informe será entonces algo más que una ceremonia política, será la oportunidad de confrontar promesas con resultados y determinar cuánto de la transformación anunciada ya puede verse en las calles y cuánto continúa todavía en planos, contratos y discursos.
