* Urgen vigilancia ciudadana para evitar desvíos en recursos destinados a desaparecidos……
Subsidio necesario, pero insuficiente
El Gobierno del Estado de México recibirá más de 16 millones de pesos del Gobierno Federal pa ra fortalecer las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas, una noticia que, en principio, re-presenta un respaldo indispensable para enfrentar una de las crisis humanitarias más graves que vive la entidad, sin embargo, la sola llegada de recursos económicos no garantiza resultados, mucho menos cuando la administración pública mexicana ha demostrado, una y otra vez, que el destino del dinero puede perderse entre la burocracia, la opacidad y los intereses políticos.
El subsidio federal asciende a 16 millones 376 mil 699 pesos y forma parte del Programa Presupuestario de la Comi-sión Nacional de Búsqueda de Personas, mientras que el Gobierno del Estado de México deberá aportar una coparticipación cercana a los dos millones de pesos, con lo que la inversión total superará los 18 millones de pesos.
La cifra puede parecer importante, pero frente a una entidad que acumula 14 mil 633 personas desaparecidas y no localizadas, el verdadero desafío no será únicamente gastar el dinero, sino demostrar que cada peso se traducirá en búsquedas efectivas, identificación humana, tecnología, personal especializado y resultados verificables.
La vigilancia debe comenzar desde el primer peso
El convenio establece mecanismos de supervisión financiera, informes trimestrales, comprobación documental y la posibilidad de auditorías federales, sin embargo, la experiencia reciente demuestra que esos controles administrativos no siempre han sido suficientes para impedir irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Por ello, resulta indispensable que además de la vigilancia institucional se conforme una Comisión de Vigilancia integrada por colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones civiles, especialistas en derechos humanos, instituciones académicas y órganos autónomos, cuya función sea revisar permanentemente el destino del presupuesto, evaluar avances y transparentar los resultados obtenidos.
La participación ciudadana no debe entenderse como un acto de desconfianza, sino como una garantía de transparencia en un tema donde miles de familias llevan años esperando respuestas.
La búsqueda de personas desaparecidas no puede convertirse en otro programa gubernamental sujeto a discursos, fotografías oficiales o informes optimistas mientras las madres buscadoras siguen recorriendo cerros, barrancas y campos con recursos propios.
El riesgo del desvío siempre está presente
La preocupación no resulta exagerada. Durante los últimos años, diversos go-biernos emanados de Morena han enfrentado cuestionamientos por el manejo de recursos públicos, adjudicaciones opacas, programas con escasa rendición de cuentas y obras cuyos costos terminaron muy por encima de lo inicialmente anunciado.
Ese contexto obliga a exigir un nivel extraordinario de vigilancia sobre este subsidio, porque cuando se trata de desapariciones no existe margen para errores administrativos, improvisaciones ni posibles desvíos presupuestales.
Cada peso que eventualmente deje de aplicarse correctamente puede representar una búsqueda que nunca se realizó, un análisis forense que jamás se practicó, un equipo tecnológico que nunca llegó o una familia que continuará esperando noticias de un ser querido.
La peor tragedia sería que un recurso destinado a aliviar una crisis humanitaria terminara formando parte de la larga lista de presupuestos cuya eficacia nunca pudo comprobarse.
Más allá del discurso
El Registro Nacional de Personas Desapa recidas y No Localizadas reporta que, al 25 de junio de 2026, permanecen desaparecidas o no localizadas 14 mil 633 personas en territorio mexiquense, de las cuales 13 mil 808 corresponden a personas desaparecidas y 825 permanecen como no localizadas.
Desde 1952 se han registrado 65 mil 399 casos, de los cuales 50 mil 766 personas fueron encontradas, 47 mil 775 con vida y 2 mil 991 sin vida.
Detrás de esas cifras existen historias familiares que difícilmente encuentran consuelo en la firma de convenios o en anuncios presupuestales y, lo que requieren, son resultados.
Transparencia permanente
La administración estatal deberá entregar informes periódicos sobre el avance físico y financiero del programa y reintegrar cualquier recurso no ejercido antes del cierre del ejercicio fiscal.
Sin embargo, la verdadera evaluación deberá hacerse sobre indicadores concretos.
¿Cuántas búsquedas adicionales se realizaron?.
¿Cuántos laboratorios fortalecieron su capacidad?.
¿Cuántos perfiles genéticos fueron procesados?.
¿Cuántas personas fueron localizadas?.
¿Cuánto tiempo disminuyeron los procesos de identificación?.
Esas respuestas deberán estar disponibles para toda la sociedad.
Porque la transparencia no consiste únicamente en publicar estados financieros, sino en demostrar que el dinero público genera beneficios medibles.
La deuda con las familias continúa
Las madres buscadoras han demostrado durante años que la voluntad ciudadana ha superado, en muchas ocasiones, la capacidad institucional.
Mientras ellas recorren terrenos con picos, palas y esperanza, las autoridades tienen ahora una nueva oportunidad para demostrar que los recursos públicos pueden convertirse en acciones efectivas.
Pero esa oportunidad únicamente será creíble si existe vigilancia permanente, auditorías constantes, participación ciudadana y absoluta rendición de cuentas.
De lo contrario, el subsidio federal co-rrerá el riesgo de convertirse en otro presupuesto cuya eficacia nunca po-drá comprobarse y cuya aplicación termine perdiéndose entre la opacidad administrativa, una posibilidad que lamentablemente ha acompañado numerosos programas impulsados por gobiernos de Morena, razón suficiente para exigir desde ahora una supervisión independiente que garantice que cada peso llegue exactamente al propósito para el cual fue autorizado: encontrar a quienes siguen desaparecidos y brindar respuestas a miles de familias que llevan años esperando justicia.
