* Canaco-Servytur reconoce falta de estadísticas sobre víctimas y respalda mecanismos de denuncia que reduzcan riesgos para los afectados……
Por Mireya Álvarez
La falta de denuncias formales mantiene sin una dimensión precisa el impacto de la extorsión entre los establecimientos comerciales, reconoció Fernando Reyes Muñoz, presidente de Canaco-Servytur, Valle de Toluca, quien consideró que la nueva Ley General en la materia puede convertirse en una herramienta para incentivar a las víctimas a acudir ante las autoridades sin exponerse innecesariamente.
El dirigente empresarial explicó que la Cámara de Comercio no dispone de estadísticas propias que permitan determinar cuántos negocios han sido afectados ni cuáles son los giros con mayor incidencia, debido a que los comerciantes deben canalizar estos hechos directamente ante las fiscalías.
Ante este escenario, consideró fundamental fomentar la denuncia, pues únicamente a través de los reportes formales las autoridades pueden identificar con mayor precisión las zonas donde ocurre el delito, sus modalidades y los sectores afectados.
Asimismo, Reyes Muñoz destacó que uno de los aspectos positivos de la nueva legislación es la posibilidad de facilitar los procesos de denuncia y reducir algunas de las condiciones que anteriormente generaban temor entre las víctimas, como acudir personalmente a una institución, identificarse o proporcionar información que pudiera colocarlas en una situación de vulnerabilidad.
A su consideración, la medida responde a una preocupación que se ha extendido entre distintos sectores de la sociedad y puede contribuir a romper el círculo en el que la falta de denuncias termina limitando la capacidad de las autoridades para actuar.
Respecto a la reciente detención de dos personas señaladas como presuntos extorsionadores por el Ayuntamiento de Toluca, uno de ellos identificado como servidor público en activo y otro exfuncionario, el representante empresarial expresó su respaldo a la actuación de las autoridades.
De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, los hechos estarían relacionados con establecimientos de los sectores hotelero y restaurantero.
El líder empresarial destacó especialmente que la autoridad haga pública una investigación de esta naturaleza cuando entre los señalados se encuentra un funcionario, pues consideró que transparentar estos casos puede contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
De igual manera, aseguró además que, en caso de que integrantes del sector empresarial identifiquen a las personas señaladas o cuenten con información relacionada con los hechos, la Cámara estaría dispuesta a sumarse a las denuncias correspondientes.
El presidente de Canaco-Servytur reconoció que existen diversas razones por las cuales los comerciantes deciden no denunciar o desisten de dar seguimiento a sus casos.
Entre ellas mencionó los largos tiempos de espera en el Ministerio Público, la percepción de recibir un trato inadecuado, el tiempo que implica acudir a denunciar y la falta de resultados contundentes en algunos procedimientos.
Esta situación, sostuvo, termina desalentando a las víctimas y favoreciendo un círculo que dificulta la erradicación de la extorsión.
Por ello, planteó que además de promover la denuncia se requiere una mayor sensibilidad de las autoridades y una participación más activa de la ciudadanía para exigir que los mecanismos de procuración de justicia funcionen de manera efectiva.
“Si no lo hacemos, tampoco le damos herramientas a la autoridad”, sostuvo Reyes Muñoz, al insistir en que la información proporcionada por las víctimas es indispensable para que las instituciones puedan focalizar sus acciones contra este delito.
En este sentido, consideró que la nueva Ley General representa un reconocimiento a una problemática que ha generado preocupación entre la sociedad y una oportunidad para establecer condiciones que permitan denunciar con mayor seguridad y confianza.
