* Investigaciones sobre presuntos costos inflados y obras deficientes colocan bajo revisión al IMIFE, mientras crecen las exigencias de esclarecer contratos, identificar empresas responsables y determinar posibles daños al erario……
Por Karina Rocha
Presuntos sobreprecios de hasta 300 por ciento, construcciones deficientes y obras escolares que presentan deterioro prácticamente después de su entrega colocaron bajo cuestionamiento al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), organismo responsable de ejecutar proyectos destinados al mejoramiento de planteles educativos, luego de que organizaciones magisteriales denunciaran posibles irregularidades millonarias en contratos realizados en la zona oriente del Estado de México, situación que exige investigaciones exhaustivas para determinar si existieron abusos presupuestales, negligencia administrativa o posibles desvíos de recursos públicos.
Las denuncias fueron expuestas por Luis Gabriel Cruz García, dirigente de Organización Ple-num XXI e integrante del Magisterio Mexi-quense contra la Reforma Educativa, quien informó que autoridades estatales aceptaron revisar obras cuyos presupuestos presuntamente fueron incrementados de manera injustificada, mientras algunas instalaciones presentan fallas estructurales y materiales deteriorados, irregularidades que generan preocupación porque los recursos destinados a mejorar espacios educativos deben traducirse en infraestructura segura, funcional y duradera.
Obras millonarias bajo sospecha
Entre los casos denunciados sobresale la Escuela del Deporte de Chiautla, donde una alberca semiolímpica fue cotizada inicialmente en aproximadamente 18 millones de pesos por una empresa particular, mientras que el presupuesto señalado por el IMIFE alcanzó los 60 millones de pesos, diferencia de 42 millones que requiere una explicación técnica y financiera, especialmente porque el incremento habría dificultado la ejecución del proyecto bajo el argumento de insuficiencia presupuestal.
Otro caso corresponde a la Escuela del Deporte de Chicoloapan, donde una pista de atletismo con superficie de tartán fue presupuestada inicialmente en cuatro millones de pesos, mientras que el costo atribuido al organismo estatal ascendió a 15 millones, una diferencia de 11 millones que resulta preocupante ante las denuncias de que el material comenzó a desprenderse menos de un mes después de su colocación.
Aunque las diferencias entre cotizaciones privadas y presupuestos institucionales no demuestran automáticamente corrupción, representan señales que ameritan revisar especificaciones técnicas, dimensiones, materiales, conceptos adicionales y condiciones contractuales, porque solamente mediante documentación verificable podrá establecerse si los incrementos estuvieron justificados o si existieron precios artificialmente elevados.
Exigen identificar empresas y funcionarios
La controversia coloca bajo escrutinio a los responsables de autorizar presupuestos, seleccionar constructoras, supervisar trabajos y recibir obras terminadas, particularmente porque una infraestructura que presenta daños prematuros puede evidenciar deficiencias en la ejecución o supervisión, responsabilidades que deben investigarse individualmente antes de atribuir conductas ilegales.
Resulta indispensable conocer qué compañías participaron en los proyectos cuestionados, cuáles fueron los procedimientos de contratación utilizados, quiénes elaboraron las estimaciones financieras y qué servidores públicos avalaron las condiciones de entrega, información necesaria para establecer si existieron incumplimientos contractuales, conflictos de interés o posibles responsabilidades administrativas.
Asimismo, deberá determinarse si las obras fueron asignadas mediante licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, además de revisar las garantías de calidad, las estimaciones pagadas y los mecanismos de supervisión establecidos por el organismo, porque cualquier irregularidad comprobada tendría consecuencias sobre los recursos destinados a la educación.
Fiscalización debe llegar hasta los contratos
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), encabezado por Liliana Dávalos Ham, enfrenta un asunto que amerita atención dentro de sus atribuciones legales, pues las denuncias requieren contrastar presupuestos autorizados, cantidades efectivamente pagadas, avances físicos y calidad de materiales, además de identificar posibles observaciones que permitan recuperar recursos públicos cuando corresponda.
También resulta pertinente revisar la actuación de las instancias de control interno y de la Secretaría de la Contraloría estatal, porque una investigación limitada a reparar desperfectos dejaría sin resolver las interrogantes relacionadas con el origen de los presupuestos cuestionados y las eventuales responsabilidades de quienes participaron en su autorización.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez recibió el reconocimiento de las organizaciones magisteriales por su disposición para atender las inconformidades y promover revisiones, sin embargo, el seguimiento institucional deberá traducirse en resultados verificables, expedientes revisados y decisiones transparentes.
Escuelas necesitan obras, no simulaciones
Mientras cientos de planteles mexiquenses requieren aulas, sanitarios, espacios deportivos y mantenimiento, cualquier peso utilizado indebidamente representa una oportunidad perdida para mejorar las condiciones educativas, por ello resulta fundamental que las investigaciones no concluyan únicamente con compromisos administrativos.
Hasta ahora no existe una cuantificación pública definitiva del posible daño patrimonial ni una resolución que acredite desvíos, pero las diferencias presupuestales denunciadas justifican exigir explicaciones documentadas, revisiones independientes y responsabilidades cuando se acrediten irregularidades, porque la infraestructura escolar debe responder a las necesidades de los estudiantes y no convertirse en terreno propicio para gastos injustificados.
