* La federalización no ha resuelto las carencias; pacientes enfrentan esperas, desabasto, saturación y una atención alejada de la promesa de bienestar……
Redacción
El sistema de salud del Estado de México atraviesa una transformación administrativa, pero para miles de pacientes el cambio de nombres, estructuras y responsables no se ha traducido en una atención más rápida ni digna. Mientras los gobiernos presentan la incorporación de unidades al IMSS-Bienestar como el inicio de una nueva etapa, en hospitales y centros de salud persisten las filas, las recetas incompletas, la falta de especialistas y el desgaste de familias obligadas a buscar medicamentos o estudios fuera de las instituciones públicas.
La salud no puede medirse únicamente con convenios, transferencias presupuestales o anuncios de infraestructura. Debe evaluarse desde la experiencia de quien llega enfermo a una unidad médica, espera durante horas, recibe una cita para meses después o no obtiene el tratamiento indicado. Desde esa realidad cotidiana, la promesa de mejorar los servicios permanece incumplida.
Cambio administrativo, mismos padecimientos
Durante 2026 avanzó la transferencia de unidades estatales al IMSS-Bienestar, organismo responsable de atender a la población sin seguridad social. El nuevo esquema busca integrar recursos, personal, hospitales y centros de salud bajo una coordinación federal. Sin embargo, trasladar la administración no elimina décadas de rezago, ni garantiza que haya médicos, medicinas, equipo funcional y capacidad para responder a la demanda.
El propio proceso de transferencia confirma que el sistema continúa en reorganización. Esa transición exige claridad sobre quién responde cuando falla un servicio. Para los ciudadanos resulta inaceptable que una autoridad responsabilice a otra mientras el paciente sigue sin consulta, operación o medicamento.
La entidad más poblada del país necesita una estrategia acorde con su magnitud y desigualdad. Toluca no enfrenta lo mismo que una comunidad del sur mexiquense o un paciente de la zona oriente, donde la densidad poblacional multiplica la presión sobre urgencias, laboratorios y consultas especializadas.
El desabasto no admite propaganda
La falta o entrega incompleta de medicamentos continúa como una de las inconformidades más sensibles. Cada receta no surtida obliga al paciente a elegir entre comprar el tratamiento, endeudarse, suspenderlo o esperar. Para familias con cáncer, insuficiencia renal, diabetes o hipertensión, esa decisión puede significar un deterioro irreversible.
No basta afirmar que existen altos porcentajes de abasto. Las autoridades deben informar cuántas recetas se entregan completas, qué medicamentos faltan, cuánto dura cada carencia y en qué unidades se concentra. Sin datos verificables y actualizados, cualquier cifra oficial corre el riesgo de convertirse en propaganda.
También es urgente revisar la distribución. Un medicamento almacenado en una bodega no representa una solución si nunca llega al centro de salud donde fue prescrito. La disponibilidad debe medirse en manos del paciente, no en inventarios administrativos.
Saturación que castiga al enfermo
La sobrecarga de hospitales y clínicas provoca tiempos prolongados, consultas apresuradas y agotamiento del personal. Médicos, enfermeras, camilleros y trabajadores administrativos enfrentan una demanda que rebasa la capacidad instalada. Culparlos sería injusto cuando las deficiencias derivan de decisiones presupuestales, falta de contratación, equipos descompuestos y planeación insuficiente.
El gobierno estatal debe dejar de considerar normales las filas, los pacientes atendidos en pasillos, las citas diferidas y los traslados entre municipios para encontrar una especialidad. La normalización del deterioro también es una forma de abandono.
Las autoridades presumen programas para mejorar instalaciones y equipamiento, pero el impacto debe comprobarse en cada unidad médica y no solamente mediante cifras globales o fotografías de inauguraciones. La estrategia “La Clínica es Nuestra”, por ejemplo, busca mejorar las condiciones físicas de los centros de primer nivel, pero su éxito dependerá de que las obras, equipos y recursos produzcan atención efectiva.
ISSEMYM, deuda pendiente
A la crisis de la atención para población sin seguridad social se suma el desgaste del ISSEMYM. Servidores públicos, pensionados y familiares enfrentan dificultades para obtener citas, medicamentos y atención especializada. La institución arrastra presiones financieras y operativas que no pueden seguir administrándose con cambios de funcionarios y explicaciones parciales.
Las cuotas descontadas a los trabajadores generan una obligación directa: ofrecer servicios suficientes y oportunos. Cuando el derechohabiente paga y al enfermar enfrenta retrasos o carencias, la falla constituye un incumplimiento institucional.
Soluciones, no nuevos discursos
Los ciudadanos demandan un plan con metas mensuales, responsables y resultados auditables. Se necesita garantizar recetas completas, ampliar plantillas, reparar equipos, reducir tiempos de espera, fortalecer urgencias y transparentar compras y distribución de insumos.
La gobernadora Delfina Gómez y las autoridades de salud deben asumir que la paciencia social tiene límites. La federalización no puede utilizarse para diluir responsabilidades ni justificar una transición interminable. El derecho a la salud no admite pausas administrativas.
El Estado de México requiere resultados visibles en cada hospital y centro de salud. Hasta que una persona pueda recibir consulta, diagnóstico, medicamento y tratamiento sin peregrinar entre instituciones, la transformación seguirá siendo solamente un anuncio. Los mexiquenses no piden privilegios: exigen que el gobierno cumpla una obligación básica que continúa en deuda.
