El Ministerio Público de Perú solicitó un mandato de detención domiciliaria contra el expresidente Alberto Fujimori por un plazo de 18 meses, en atención a un delito “contra la vida” en el marco de la causa Pativilca, que juzga una matanza de seis personas perpetrada en 1992.
La solicitud fue presentada por la Segunda Fiscalía Superior Penal Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, que concurrió ante la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada. El pedido fiscal se da en respuesta a una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que el pasado lunes 4 de diciembre dispuso la “inmediata liberación” del exmandatario, medida que se hizo efectiva este mismo miércoles.
En su alegato, la Fiscalía señaló que el exmandatario tiene un proceso penal en su contra por la comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y por homicidio calificado en la modalidad de asesinato con alevosía, todo en un contexto de “lesa humanidad”.
Fujimori, que estaba condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, fue liberado este miércoles por orden del TC del país andino, en consideración a su avanzada edad y precario estado de salud.
A pesar del rechazo de buena parte de la ciudadanía, que protestó en las calles contra la decisión de la Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) procedió a ponerlo en libertad.
Este miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Perú que se abstenga de liberar al exmandatario (1990-2000) hasta revisar si la orden del Tribunal Constitucional cumple con sentencias previas de la justicia continental.
