* Hallan restos humanos en el municipio de Nicolás Romero……
* Amenazas y omisiones exhiben un Estado rebasado, donde la búsqueda recae en madres y la justicia sigue ausente……
Por Martha Romero/Raúl Ruíz
El hallazgo de restos humanos en el municipio de Nicolás Romero por parte del colectivo Lirios Buscadores de Izcalli no solo confirma la brutalidad que se vive en el Estado de México, también vuelve a exhibir la incapacidad institucional para atender una crisis de desapariciones que crece mientras las autoridades reaccionan tarde, sin prevención y, muchas veces, sin protección para quienes buscan a sus familiares.
Durante dos días de búsqueda, entre el 27 y el 29 de abril, madres buscadoras recorrieron distintos puntos del municipio hasta encontrar restos óseos humanos, dos teléfonos celulares, ropa, una mordaza y un fragmento de cuero cabelludo aparentemente de una mujer, indicios que no solo apuntan a la comisión de delitos graves, sino a escenarios de violencia extrema que siguen operando con impunidad en la entidad.
Búsqueda que nace del abandono
El trabajo que debería realizar el Estado recae hoy en manos de madres que, con recursos limitados y bajo riesgo constante, se ven obligadas a rastrear basureros, terrenos baldíos y zonas controladas por el crimen, Karla Lechuga, madre de Jeshua Cisneros Lechuga desaparecido en noviembre de 2025, encabezó la jornada que permitió ubicar los indicios, una búsqueda que evidencia que las familias no confían en las instituciones porque simplemente no responden con eficacia.
En un primer punto localizaron un teléfono celular en una zona de desechos, en un segundo sitio hallaron otro dispositivo incinerado junto a una camioneta quemada, y en un tercer punto encontraron restos óseos, cada hallazgo refleja una cadena de violencia que no es aislada, sino parte de un patrón que se repite en distintos municipios del estado.
Violencia que deja huellas de horror
El descubrimiento más alarmante se dio en un cuarto punto, donde se localizó un fragmento de cuero cabelludo con características femeninas, además de una prenda íntima con manchas hemáticas y una mordaza, elementos que sugieren un contexto de violencia extrema, posiblemente vinculado a delitos de género, en una entidad que arrastra una crisis persistente en materia de feminicidios y desapariciones.
Estos indicios no son solo evidencia forense, son señales de lo que ocurre lejos del discurso oficial, son rastros de vidas interrumpidas, de historias que no han sido investigadas con la urgencia que merecen, mientras la narrativa institucional insiste en avances que no se reflejan en el territorio.
Autoridades ausentes y omisas
Aunque los hallazgos fueron entregados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para su análisis e identificación, la realidad es que el proceso forense suele ser lento, opaco y, en muchos casos, inconcluso, lo que prolonga la incertidumbre de las familias, que siguen esperando respuestas que rara vez llegan.
La situación se agrava con las amenazas que enfrentan las propias buscadoras, una integrante del colectivo solicitó apoyo de seguridad en Cuautitlán Izcalli tras recibir intimidaciones para abandonar la búsqueda, sin embargo, la protección le fue negada, un hecho que refleja no solo negligencia, sino una grave omisión que pone en riesgo la vida de quienes ya cargan con el dolor de una desaparición.
El caso de Nicolás Romero no es un hecho aislado, es una radiografía de un Estado rebasado, donde la violencia no solo desaparece personas, también borra la capacidad institucional de responder, mientras las familias siguen haciendo el trabajo que las autoridades no hacen, entre tierra removida, restos humanos y un silencio oficial que pesa tanto como la impunidad.
