La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se pronunció este viernes luego de que su hermano, Nicanor Boluarte Zegarra, y su abogado, Mateo Castañeda, fuesen detenidos por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
“No nos vamos a distraer con asuntos menores”, dijo Boluarte durante la inauguración de un seminario internacional titulado ‘Constitución política, democracia y valores institucionales’, efectuado en el distrito de San Borja, en el departamento de Lima.
Aunque no se refirió puntualmente a las detenciones preliminares, se expresó tan solo horas después de que se diera el operativo de miembros de la Policía y del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), en el marco del caso ‘Los waykis en la sombra’.
La palabra ‘wayki’ (hermano, en quechua) fue utilizada por la propia jefa de Estado al referirse al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien le habría prestado los relojes Rolex y las costosas joyas por las cuales Boluarte es indagada, entre otras cosas, por presunto enriquecimiento ilícito.
“Creemos en la justicia del país, creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país y en esa línea este Gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra Constitución y por hacer más grande nuestra patria”, sostuvo Boluarte al final de su discurso.
Previamente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, mencionó “actuaciones injustas para generar un impacto de carácter político”. Aunque aclaró que hablaba en “términos generales”, lamentó el “uso de la justicia con propósitos que no tienen cabida en un sistema democrático”.
El Ministerio Público teoriza con que Nicanor Boluarte es líder de una presunta red criminal, “basado en el poder ‘de facto’, atribuido por su hermana”, según se desprende de la medida cautelar dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
“Habría gestado su programa criminal, realizando una cadena de acciones desplegadas para la materialización de dicho plan delictivo”, se lee en el texto, reportó el canal local Latina Noticias, que tuvo acceso al documento.
Tal como se especula hace varios meses, se cree que Nicanor Boluarte designó de forma “ilegal” subprefectos “a cambio de una ventaja o beneficio económico en favor de la organización criminal”, y para la recolección de firmas para la inscripción de un partido político.
Mientras que Castañeda está acusado de ser el protector legal de la presunta red criminal. Según un agente encubierto, el abogado habría pedido el archivamiento de la investigación contra el hermano de la mandataria ofreciendo beneficios ilícitos.
Además, está señalado por un presunto intento de “restar la capacidad operativa” del Eficcop, según lo reseñado por América TV. Una información que se conoce un día después de que el Ejecutivo anunciara que el equipo especial ya no contará con apoyo policial de alto nivel.
