* La legisladora Leticia Mejía resaltó que el fin es proteger la reputación de las personas, en particular de docentes……
Por Martha Romero
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en 2021, casi el 44 por ciento de las personas privadas de la libertad señalaron que el motivo de su reclusión fue haber sido acusadas falsamente o haber sido implicadas en la comisión de un delito, informó la diputada Leticia Mejía García, integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Por ello, con el fin de proteger la reputación de las personas, particularmente de docentes, dio a conocer que presentó una iniciativa donde planteó penas de hasta 12 años de cárcel a quien impute una denuncia falsa sobre un presunto delito contra otra persona.
Agregó que además de esta pena, propone elevar las multas vigentes por daño moral y reparación del daño derivados de una acusación falsa, de mil días multa actualmente vigentes, hasta 5 mil.
Refirió que su propuesta también busca que la autoridad educativa fomente la solución pacífica de conflictos y los mecanismos alternativos de solución de controversias de la comunidad escolar.
Indicó que la reforma al Código Penal y a la Ley de Educación, ambos de la entidad, plantea que ser falsamente acusado es un riesgo que desafortunadamente todas las personas enfrentan, independientemente del entorno en el que se desenvuelven, pero en el ámbito educativo es una realidad que afecta al personal docente.
Mejía García añadió que el objetivo es prevenir este ilícito en contra de maestros, por lo que solicita como acciones preventivas de estas acusaciones sin sustento, que la autoridad educativa fomente la solución pacífica de conflictos y mecanismos alternativos de solución de controversias en las que se involucren educandos, docentes, madres y padres o tutores, así como la concientización del daño que causan con el propósito de prevenirlas.
Mencionó que también propone que se emitan protocolos de actuación ante estos casos orientados a garantizar la seguridad e integridad de las personas que integran la comunidad educativa, respetar los derechos humanos de presunción de inocencia y debido proceso, brindar apoyo legal, laboral y psicológico a las personas involucradas, y promover mecanismos de reparación integral para cuando las acusaciones resulten falsas.
“Dispone que la autoridad educativa fomente el respeto a la labor docente y a su persona, incluyendo la protección de su honor, crédito y prestigio”, añadió.
Por último, señaló que ante las actuales condiciones del país, donde la incidencia delictiva registra elevadísimos índices, no solo es preponderante que se implementen medidas que favorezcan la cultura de la denuncia, sino también la implementación de acciones que eviten que esa herramienta legal sea utilizada con el afán de perjudicar la reputación de una persona.
