Parece que el panorama político se empieza a complicar para el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a raíz de las investigaciones que han iniciado en contra de personas cercanas a él, y con las cuales pudiera haber fraguado faltas o delitos.
Esto, luego de que se sabe que con base en una denuncia anónima, el Consejo de la Judicatura Federal inició un expediente de investigación J/108/2024 a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, en contra de excolaboradores del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF; la excontralora del Poder Judicial de la Federación (PJF), Arely Gómez González, actual auditora especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), jueces y magistrados en activo, así como otros funcionarios del PJF, y el abogado Julio Scherer Ibarra, exconsejero del Poder Ejecutivo Federal.
Vale aclarar que en el caso de Arturo Zaldívar, el CJF explica que por ser exministro de la SCJN la Judicatura “carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que le son imputados; por tanto, para los efectos que establecen los artículos 11, fracción XI, y 113, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen que ese Alto Tribunal resolverá sobre las faltas administrativas”, cometidas por él.
Se detalla también que de acuerdo con el oficio de “formación” del expediente se investigarán actos que vulneraron “la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
El documento de inicio de la investigación señala que Zaldívar “ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien, a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”.
Para ello se menciona que en los casos específicos en los que existió presión de la Presidencia del CJF, que también ostentó Arturo Zaldívar y que se cometieron entre 2019 y 2022, se encuentran Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica; el proceso penal del caso Emilio Lozoya Austin; el fraude cometido al Infonavit por cinco mil millones de pesos; la creación de juzgados y tribunales “a modo” para resolver casos relacionados con telecomunicaciones.
De igual manera, también se destaca que casos de extradición que “se citaron a diversos juzgadores, principalmente de Primer y Segundo Circuito para ordenar que resolvieran de manera prioritaria asuntos relacionados con extradiciones a los ‘EUA’, o presionarlos sobre asuntos específicos, cuyas personas relacionadas y sus detenciones eran usadas como motivo de orgullo del presidente en mañaneras previas”.
Las fuentes cercanas a la citada dependencia adelantan que se investigará desvío de recursos públicos para beneficio propio de Alpízar, pues presuntamente utilizaba al personal de seguridad del Consejo de la Judicatura Federal para realizar labores domésticas en su domicilio, como choferes, mucamas, servicio, construcción o cualquier otra labor que fuera necesaria para él y su familia, incluso los obligaba a acudir a realizar dichas funciones por lo menos un mes antes que iniciara oficialmente su nombramiento.
Por lo que hace a otros imputados, se investigará a “Edgar Manuel Bonilla del Ángel, en su actuación como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, así como las personas servidoras públicas que resulten responsables, adscritas a ese instituto”, por corrupción, pues presuntamente utilizaba a dicho instituto para apersonarse en los asuntos relativos a concursos mercantiles, a través de los síndicos que designaban, para que los procedimientos siguieran determinado sentido, mediante promociones insidiosas o bien se citaban a las partes para ejercer presión y lograr convenios que los beneficiaran -infundían terror-.
“Presionaron a las empresas que tenía contratos con Pemex para declararse en quiebra a cambio de sobornos y prometiéndoles que así no pagarían nada a sus acreedores. Cuando la empresa no aceptaba, el instituto realizaba prácticas dilatorias, solicitudes sin fundamento y recursos innecesarios a fin de retrasar el procedimiento, o bien, evitar la ejecución de resoluciones que las pudieran beneficiar a la empresa “rebelde”, aprovechando sus contactos con instituciones bancarias, como la novia del director que es alta funcionaria de CIBanco para lograr su cometido”, detalló.
