* Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli concentran miles de reportes, mientras el gobierno presume avances en homicidio y robo de vehículos, pero el cobro de piso, las amenazas telefónicas y la extorsión digital mantienen abierta otra crisis de seguridad……
Por Karina Rocha
El Estado de México puede presumir reducciones en homicidio doloso y robo de vehículos dentro de determinadas regiones, pero existe otro delito que sigue extendiéndose sobre comercios, familias y actividades económicas sin recibir el mismo peso dentro del discurso oficial, la extorsión aparece hoy en llamadas telefónicas, mensajes digitales, amenazas directas y cobros de piso, solamente durante 2025 el área estatal especializada atendió 39 mil 067 reportes relacionados con extorsión y fraude telefónico, de ellos 18 mil 060 correspondieron a extorsión telefónica, mientras Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli figuraron entre los municipios con mayor número de incidencias reportadas.
Toluca encabeza los reportes
La capital mexiquense aparece con 4 mil 061 incidencias, seguida por Ecatepec con 3 mil 886, Naucalpan con 2 mil 404, Nezahualcóyotl con mil 831 y Cuautitlán Izcalli con mil 617, las cifras no equivalen automáticamente a carpetas de investigación ni permiten afirmar que cada reporte terminó acreditando un delito, pero sí muestran la magnitud de una presión criminal que se extiende sobre los principales centros urbanos del estado y que difícilmente puede considerarse marginal dentro de cualquier evaluación seria de seguridad.
El panorama se amplía todavía más cuando se observa la denuncia anónima, durante 2025 el sistema 089 recibió 72 mil 103 reportes, entre ellos 26 mil 187 relacionados con extorsión telefónica y 3 mil 877 con extorsión electrónica, nuevamente Toluca, Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl aparecen entre los municipios con mayor incidencia, lo que revela que una parte importante del problema ocurre fuera de la presencia física del delincuente y se traslada al teléfono, redes sociales, mensajería y mecanismos de amenaza cada vez más difíciles de contener únicamente con patrullajes.
El delito también se volvió digital
La Policía Cibernética registró durante 2025 un total de 21 mil 105 reportes de incidentes digitales, entre ellos mil 693 casos clasificados como extorsión y 4 mil 710 de cobranza ilegítima mediante amenazas, Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli volvieron a colocarse entre los municipios con mayor número de incidencias, una coincidencia que demuestra que la geografía de la extorsión tradicional comienza a superponerse con la del delito digital.
El problema para las autoridades es que combatir este fenómeno exige mucho más que presencia policial, requiere inteligencia financiera, rastreo de comunicaciones, investigación ministerial, protección a víctimas y capacidad para seguir estructuras que operan simultáneamente desde teléfonos, centros penitenciarios, organizaciones criminales, grupos locales y redes que utilizan fachadas comerciales o sindicales.
Ecatepec exhibe la dimensión del cobro de piso
Durante septiembre una investigación iniciada a partir de 13 denuncias permitió detener a 10 personas presuntamente vinculadas con una red de extorsión que operaba en la Central de Abasto de Ecatepec, entre los investigados aparecieron dirigentes de organizaciones señaladas por cobro de cuotas, secuestro exprés y otros delitos, incluso fue detenida una agente del Ministerio Público, mientras las investigaciones permitieron asegurar propiedades, vehículos y otros bienes.
El caso adquiere todavía mayor gravedad porque comerciantes de Santa María Chiconautla denunciaron exigencias económicas para continuar trabajando, cinco personas fueron vinculadas a proceso por hechos relacionados con extorsión y homicidio, las investigaciones señalan que las víctimas habrían recibido amenazas y posteriormente fueron atacadas por personas armadas, una dinámica que muestra cómo el cobro de piso puede dejar de ser únicamente una exigencia económica y convertirse en violencia directa contra quienes se resisten a pagar.
La economía también paga la factura
La extorsión no termina con la cantidad entregada al delincuente, también modifica horarios, eleva costos, provoca cierres, reduce inversiones y aleja clientes, en la Central de Abasto de Ecatepec representantes del lugar calcularon recientemente que alrededor de 175 mil consumidores dejaron de acudir durante aproximadamente un mes en medio de la crisis generada por denuncias y operativos, aunque esa cifra corresponde a una estimación de la dirigencia de ese centro comercial y no a un conteo gubernamental independiente.
Cuando un comerciante incorpora una cuota criminal a sus costos, pierde mercancía, reduce personal o abandona una actividad económica, el impacto deja de ser exclusivamente policiaco y comienza a convertirse en un problema económico y social, especialmente en municipios donde miles de pequeños negocios dependen de ventas diarias y carecen de capacidad financiera para absorber pagos clandestinos permanentes.
Una ley nueva frente a un problema viejo
El Estado de México cuenta desde febrero de 2026 con una ley específica para prevenir, atender y combatir la extorsión y delitos vinculados, el nuevo marco establece coordinación institucional, prevención, investigación, atención inmediata y mecanismos de seguimiento, además reconoce expresamente la necesidad de medir resultados y generar información sobre patrones criminales, la propia exposición legislativa admitió que los esfuerzos previos de los tres órdenes de gobierno habían resultado insuficientes y que comerciantes y empresarios seguían reclamando protección.
Ese reconocimiento obliga ahora a medir resultados concretos, no únicamente leyes aprobadas, operativos realizados o personas detenidas, la pregunta central es cuántas estructuras fueron desarticuladas, cuánto dinero dejó de cobrarse ilegalmente, cuántas víctimas recibieron protección efectiva, cuántas denuncias derivaron en sentencias y qué ocurrió con los municipios donde los reportes permanecen concentrados.
No basta con bajar homicidios
La administración estatal puede informar legítimamente las reducciones registradas en homicidios o robo de vehículos, pero esos indicadores no describen por sí solos toda la seguridad que experimenta la población, un comerciante que abre su negocio bajo amenaza, una familia que recibe llamadas exigiendo dinero o una persona acosada digitalmente también vive una forma concreta de inseguridad, aunque ninguna patrulla aparezca en la estadística de homicidios.
La extorsión se ha convertido así en una prueba mucho más incómoda para la política de seguridad del Estado de México, porque puede crecer silenciosamente incluso cuando otros delitos disminuyen, mientras Toluca, Ecatepec, Naucal pan, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli continúen acumulando miles de reportes, el balance oficial tendrá que explicar algo más que porcentajes favorables, deberá demostrar que denunciar deja de significar ponerse en riesgo y que trabajar, vender, transportar mercancía o simplemente contestar un teléfono no puede seguir convirtiéndose en una puerta abierta para el miedo.
