Ante un rezago que alcanza 210 mil 459 asuntos con algún tipo de rezago, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) ordenó establecer nuevas metas de productividad para juzgados y tribunales federales, que servirán para determinar dónde se requieren apoyos, redistribución de cargas de trabajo o medidas extraordinarias.
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que los programas diseñados para los circuitos judiciales deberán definir una productividad mínima semanal de los secretarios.
Además de cargas de trabajo inusuales, insuficiencia de órganos y falta de recursos, el OAJ identificó entre las posibles causas del retraso factores relacionados con el desempeño del personal jurisdiccional, como baja productividad de secretarios, problemas en la organización del trabajo y conflictos entre titulares.
Entre las medidas previstas está el envío de personal y órganos auxiliares hacia los juzgados y tribunales con mayores problemas.
Los órganos que reciban ese respaldo también deberán cumplir metas específicas, pues el acuerdo señala que su cuenta semanal deberá integrarse, preferentemente, con al menos 50% de los expedientes de mayor antigüedad.
César Alejandro Ruiz Jiménez, presidente del Círculo Mexicano de Derecho y Libertad, consideró que el acuerdo evidencia una comprensión limitada del funcionamiento cotidiano de los órganos jurisdiccionales y vinculó parte de los problemas actuales con los cambios recientes en la carrera judicial.
“Remover de golpe aproximadamente al 50 por ciento de las personas juzgadoras implicó perder una enorme cantidad de experiencia institucional acumulada durante años. Aunque algunas hayan regresado por medio del nuevo sistema de elección… eso no subsana el daño provocado por la ruptura de una carrera basada en la formación y preparación progresivas”.
Ruiz Jiménez recordó que los parámetros utilizados hasta ahora contemplan cinco asuntos semanales por secretario en Juzgados de Distrito y tres en Tribunales Colegiados de Circuito, cargas que, a su juicio, ya se encuentran cerca del límite razonable.
El especialista señaló que cada proyecto exige la lectura integral del expediente, la identificación del problema jurídico, el análisis de constancias, la búsqueda de precedentes y la elaboración de una propuesta de resolución.
“Esas cargas ya se encuentran cerca del límite de lo humanamente razonable; por lo que, incrementarlas puede elevar estadísticamente el número de resoluciones, pero difícilmente mejorará su calidad”, sostuvo.
